Hay una parte de los fondos de recuperación europeos que están destinados a reforzar el sistema de acogida al refugiado. Se distribuyen a través de iniciativas de la cartera que encabeza José Luis Escrivá: el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Más de 231 millones de euros de fondos europeos ya estaban comprometidos para la apertura de 17 centros de refugiados distribuidos por el país con el objetivo de aliviar la red de acogida. Pero los cambios de gobiernos lo han paralizado todo, y el primero en hacerlo efectivo ha sido el ejecutivo regional de Cantabria.

"España es muy grande y a los refugiados se les puede acoger en muchos lugares. A nuestros mayores, personas con discapacidad o trastorno mental no les podemos mandar a otras comunidades". Esta es la justificación que da la nueva presidenta de Cantabria, del Partido Popular, a su negativa de abrir un nuevo centro de refugiados con los fondos europeos recibidos. María José Sáenz de Buruaga no se ha escondido en ningún momento: ya durante la campaña anunció que, si ganaba las elecciones, se opondría a que el que fuera un antiguo centro psiquiátrico se convirtiera en un centro que acogiera a 300 refugiados.

Cuando la Secretaria de Estado de Migraciones le envió al Gobierno regional una misiva para comprobar si se seguía adelante con el procedimiento, se confirmaron los temores del gobierno: no habría un centro para refugiados allí. No sorprendió a nadie que Buruaga se negara a la compraventa de la parcela donde se encuentra el antiguo hospital psiquiátrico. Pero sí sorprendieron las formas en la que la nueva presidenta regional justificó su apuesta por construir en su lugar "un centro de referencia nacional" de atención a la dependencia, la discapacidad, la salud mental o la soledad no deseada.

¿Pero qué sucedería si todos los presidentes autonómicos adoptaran la misma actitud? Es lo que se le ha preguntado a Carlos Mazón, presidente de la Comunitat Valenciana. "No he oído el contexto en el que lo ha podido decir", han sido todas sus declaraciones. Sin embargo, le hacemos la misma pregunta a Amnistía Internacional para la migración, organismo que contesta tajante: es una vulneración de los derechos humanos y pone de manifiesto "la necesidad de un mecanismo efectivo de reparto de la migración en nuestro país", dice Carlos Escaño.

Recuerda además el activista que esa es la única forma de que sea asumible una migración digna y humana, porque la política actual hace que la gestión se centre en lugares más reducidos y foco de llegadas, de forma que los recursos quedan saturados. Por otro lado, el problema es que el proyecto auspiciado por el Ministerio contaba con una inversión de 30 millones de euros financiada por fondos europeos. Pero la negativa al centro de refugiados supondrá la pérdida de ese dinero, porque según ha informado el propio Ministerio de Inclusión a laSexta, se trata de una financiación finalista: sin centro no hay fondos.

Por ello, el Partido Socialista cree que se pierde un tren muy valioso "son 30 millones de financiación pública que querían recuperar un patrimonio público para que a la vez que siguiera siendo público y generara empleo, atendiera a la solidaridad". Así lo ha expresado Pablo Zuloaga, secretario general del PSOE de Cantabria. Él teme, además, que finalmente el Partido Popular ceda la gestión a alguna entidad privada y que "de nuevo el PP saque rédito económico a base de privatizar servicios". Ahora quedan Valladolid y Logroño, dos ciudades en las que también había dos proyectos similares comprometidos. Pero parece que también peligran por la entrada en el gobierno de PP y Vox.