Así se lo ha garantizado el ministro Juan Ignacio Zoido a los diputados del Grupo Popular, con quienes se ha reunido este miércoles en el Congreso. En ese contexto, el PP ha aprovechado para pedir al PSOE, a Ciudadanos y al PNV que no contribuyan con sus votos a la derogación de la conocida como 'ley mordaza', que fue impulsada por el Gobierno del PP cuando tenía mayoría absoluta y Jorge Fernández Díaz estaba al frente del Ministerio.
La Ley de Seguridad Ciudadana contempla como falta grave, sancionadas con entre 601 y 30.000 euros, "la perturbación grave de la seguridad ciudadana en manifestaciones frente al Congreso, el Senado y asambleas autonómicas aunque no estuvieran reunidas" o "la desobediencia o la resistencia a la autoridad, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes".
Fuentes policiales han explicado que ya se están revisando vídeos de las cargas policiales de los Mossos d'Esquadra después de que un grupo de manifestantes se saltara el cordón policial que dispuso la policía catalana.
La ley es aún más gravosa si se determina que se ha cometido una falta muy grave, sancionada con entre 30.001 y 600.000 euros, en cuatro casos, entre los que se contemplan "las reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas en infraestructuras o instalaciones en las que se prestan servicios básicos para la comunidad o en sus inmediaciones, así como la intrusión en los recintos de éstas, incluido su sobrevuelo, cuando, en cualquiera de estos supuestos se haya generado un riesgo para la vida o la integridad física de las personas.
La cuestionada 'ley mordaza' contempla a su vez sanciones leves con multas de entre 100 y 600 euros. Las citadas fuentes aseguran que, en el caso de la manifestación independentista de este martes, se pudo incurrir en dos especialmente.
La primera infracción sería por "falta de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad". Además, también se podría haber incurrido en otro ilícito: "La remoción de vallas, encintados u otros elementos fijos o móviles colocados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para delimitar perímetros de seguridad".
El portavoz de Interior del PP en el Congreso, José Alberto Martín-Toledano, ha lamentado que "los organizadores de las manifestaciones, la Asamblea Nacional Catalana y Omnium Cultural, convocasen actos en las puertas del Parlament, que terminaron en "violencia y coacciones" contra los diputados del Parlament, causando 24 heridos entre manifestantes y mossos, que fueron los encargados del dispositivo policial.
En un comunicado, el diputado del PP ha adelantado que "el Ministerio del Interior se ha comprometido a investigar a los autores de estos actos violentos, a los que se les aplicará la Ley de Seguridad Ciudadana, independientemente de las responsabilidades penales en las que pudieran haber incurrido".
Para el PP, la Ley de Seguridad Ciudadana permite sancionar conductas como las que se pusieron de manifiesto en los incidentes del Parlament y "permite evitar daños mayores en actos de este tipo".
Por ello, Martín-Toledano ha exigido a la oposición, y especialmente a los grupos parlamentarios de Ciudadanos, PSOE y PNV, que revoquen la derogación de la proposición de ley para derogar esta ley, alegando que "es buena para la sociedad y cuenta con el apoyo de la sociedad civil, las asociaciones de policías y guardias civiles".
Por último, y tras defender el dispositivo policial desplegado en los alrededores del Parlament, ha denunciado "las graves contradicciones" de algunos grupos de la oposición. "Los mismos que criticaron al ministro por supuestos excesos en la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado el 1 de octubre, ahora le critican por un supuesto exceso de celo en la actuación policial", ha lamentado Martín-Toledano, que ha achacado estas contradicciones a "la falta de visión de Estado y de lealtad institucional".