La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha pedido a las comunidades autónomas que cierren los prostíbulos y locales de alterne por su potencial para convertirse en focos de casos de coronavirus "de difícil rastreo".
Así lo ha señalado en una carta dirigida a los consejeros de Igualdad autonómicos, en la que señala su "honda preocupación" por los brotes declarados en este tipo de locales.
La titular de Igualdad recuerda que "la salud y los derechos de las mujeres son fundamentales" y advierte de que "la situación sanitaria hace que los contagios que puedan producirse en esos locales lleven a un aumento exponencial de positivos de difícil rastreo".
Por ello, pide que "se actúe específicamente sobre aquellos lugares donde se ejerce la prostitución" y que se adopten las "mismas medidas" que "limitan la apertura de bares, restaurantes, discotecas y otros locales de ocio nocturno". Todo ello, apunta, "sin perjuicio de nuestra constante lucha contra la explotación sexual".
Además, en su misiva, Montero pide que se habiliten "recursos habitacionales y de atención sociosanitaria" para "ofrecer a estas mujeres, tras los cierres de los locales, alternativas dignas que se hagan cargo de su situación".
Castilla-La Mancha y Cataluña cierran los prostíbulos
Tras la petición de Montero, Castilla-La Mancha ha publicado un decreto que entrará en vigor la madrugada del sábado al domingo, por el que estos locales quedan "clausurados durante todo el día, las 24 horas" y "con independencia de la licencia de actividad bajo la que operan", según ha anunciado el consejero manchego de Sanidad, Jesús Fernández Sanz.
También Cataluña ha adoptado ya esta medida. Al respecto, la consellera de Salut, Alba Vergés, ha aseverado que "no tenía sentido cerrar el ocio nocturno y seguir abriendo locales que hacen actividades de este tipo".
Por su parte, el presidente valenciano, Ximo Puig, ha incidido en el problema que supone para adoptar estas medidas el hecho de que este tipo de locales a menudo se esconden bajo otro tipo de licencias. "Los prostíbulos como tales no existen", ha aseverado, señalando que esta es "una cuestión que va mucho más allá de la pandemia".
Puig ha señalado que, a título personal, es partidario de abolir la prostitución, pero ha incidido en que "el Gobierno valenciano no tiene las competencias para poder actuar en esta cuestión". No obstante, indicado que "la Policía Nacional y la Guardia Civil tienen activado ya desde hace tiempo un seguimiento especial de estos lugares".
Entretanto, las asociaciones abolicionistas piden que este cierre por la pandemia no sea puntual. "Lo que tiene que hacer el Gobierno es legislar", reclama Charo Luque, de la Plataforma Estatal de Organizaciones de Mujeres por la Abolición de la Prostitución. "Lo que no se pueden admitir son campos de concentración para la explotación sexual", zanja.