En el juzgado número 4 de San Lorenzo de El Escorial no se pueden hacer ruedas de reconocimiento porque la sala se usa como cuarto de la limpieza. Los funcionarios temen por su salud cada vez que llueve porque trabajan entre goteras y cables, Los techos se caen y los escombros se apilan. Y esto es sólo un ejemplo de la situación actual de España.
Por su parte, en el juzgado de Vilagarcía de Arousa, el caos es el protagonista con archivos amontonados entre paredes llenas de humedades. Las pruebas que incautan se almacenan en trasteros y apenas tienen un escáner para tanto documento en papel. Para colmo, sólo cuentan con tres horas diarias de limpieza para un edificio de cinco plantas.
El juzgado número 1 de Torrejón de Ardoz es otro ejemplo. Allí nos encontramos con el cuarto de baño convertido en almacén de sumarios y elementos de prueba o archivos por los suelos llenos de moho.
Son deficiencias que afectan a la seguridad y a la salud laboral de quienes trabajan en estos edificios y expedientes echados a perder en la Administración de Justicia.
Cuando se cuestiona al Consejo General del Poder Judicial si va a tomar alguna medida, se remite al Ministerio de Justicia, que a su vez asegura que el mantenmiento de los edificios compete a las comunidades autónomas.
Carlos Martínez, diputado de UPyD, pide que se utilice el dinero de las tasas para adecentar los juzgados. Son situaciones incomprensibles que denuncian jueces y funcionarios de el foro juducial, que lamentan el desinterés de los políticos.