La juez instructora de los ERE ha impuesto una fianza civil de 251.041 euros al dirigente de UGT Salvador Mera y de 471.352 euros al de CCOO Roberto Carmona, en sendos autos en los que decreta la responsabilidad subsidiaria de sus sindicatos.
La juez Mercedes Alaya acuerda además la "prohibición absoluta" de que ambos salgan de España, para lo cual deberán depositar su pasaporte, así como presentarse en el juzgado dos veces al mes.
La fianza de responsabilidad civil equivale a la presunta petición que hicieron al dueño de la aseguradora Uniter, José González Mata, durante las negociaciones del ERE de la Faja Pirítica de Huelva, y se ha establecido tras la declaración que prestaron como imputados el pasado jueves.
Afirma Alaya que Mera, como secretario general de UGT en Cádiz, y Carmona, como secretario general de la Federación Minerometalúrgica de CCOO en Andalucía, pidieron a González Mata que les hiciera entrega de ciertas sumas de dinero.
Ambos hicieron su solicitud "a sabiendas de que las comisiones de las mediadoras procedían de fondos públicos" y afirmaron que ese pago debía "paliar los gastos que, según decían, habían tenido los sindicatos con motivo del proceso de la Faja Pirítica de Huelva".