La juez embarga una finca situada en la calle Manuel Cortina número 20 de Madrid, que fue señalada como posible embargo por la Federación Siderometalúrgica del sindicato.
Con ella se debe hacer frente a la fianza de responsabilidad civil de CCOO impuesta a Manuel Roberto Carmona Soto, que fue secretario de esa federación sindical entre 1991 y 2009.
Dicha cantidad, presuntamente, fue exigida por Carmona Soto a la mediadora Uniter por sus labores en el ERE de la Faja Pirítica de Huelva. Carmona Soto se encuentra entre los 16 sindicalistas que han sido imputados en el caso de los ERE, en la mayoría de cuyos casos se ha declarado la responsabilidad subsidiaria de sus respectivos sindicatos CCOO y UGT.