La juez Mercedes Alaya ha imputado a 34 personas más en el caso de los ERE por su vinculación con las ayudas concedidas a la Sierra Norte de Sevilla y ha ampliado las acusaciones contra ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos los exconsejeros Antonio Fernández y Martín Soler.
La juez, que suma con estas nuevas imputaciones 265 acusados, también cita a los peritos de la Intervención General del Estado para que ratifiquen un informe sobre las presuntas irregularidades en las ayudas sociolaborales de los ERE, que emitieron el 12 de diciembre del 2013.
Alaya también se refiere a el exconsejero de Empleo y diputado nacional José Antonio Viera, cuya investigación por su actuación en los ERE corresponde al Tribunal Supremo, y del que dice que "era muy amigo" de uno de los imputados, el alcalde de Guadalcanal, Carmelo Montero (PSOE).
Viera asistió, junto al delegado de la Consejería de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, a varias reuniones con el alcalde para lograr ayudas por más de dos millones de euros destinadas a tres empresas de materiales refractarios de Guadalcanal (Sevilla).
En el auto, Alaya analiza una treintena de ayudas concedidas por valor de más de once millones de euros, la mayoría de ellas gracias a la amistad entre los empresarios y el ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, natural de la zona y que en ocasiones recibió regalos a cambio de facilitar las subvenciones.
Las ayudas de entre 44.000 y 1.200.000 euros que se concedieron a empresas de todo tipo a partir del 2003 tenían como "denominador común la ausencia de procedimiento", estaban carentes en la mayor parte de ellas de solicitud y no tenían documentación justificativa, resume la instructora.
A los nuevos imputados, la juez les acusa de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, y los cita a declarar a partir del 23 de marzo, un día después de las elecciones andaluzas.
En el auto, la juez cita para el 19 de febrero a los peritos de la Intervención General del Estado y pide que se una a la causa el informe aportado por la defensa del expresidente José Antonio Griñán al Tribunal Supremo, en el que dos catedráticos contrarrestaban el informe de la Intervención y que ella asegura que ha conocido por la prensa.
Con la citación a los peritos de la Intervención, la juez persigue que los técnicos expongan sus tesis con la que sostener las acusaciones contra los ex altos cargos de la Junta.