La juez que investiga los ERE fraudulentos, Mercedes Alaya, ha imputado presuntos delitos continuados de malversación, prevaricación y tráfico de influencias al exdiputado andaluz del PSOE Ramón Díaz Alcaraz.
Alcaraz se ha acogido a su derecho a no declarar y a continuación la Fiscalía Anticorrupción ha pedido para él una fianza de responsabilidad civil de dos millones de euros. Díaz Alcaraz está acusado de haber hecho valer sus influencias como asesor de la Dirección General de Trabajo de la Junta para introducir varios intrusos en la empresa sevillana Saldauto.
El abogado de Díaz Alcaraz ha manifestado su "absoluta inocencia en este caso, de la cual existen abundantes pruebas tanto testificales como documentales de su falta de participación en todos los hechos relacionados con el caso de los ERE".