En los documentos requisados a Rato hay archivadores que la Agencia Tributaria no ha podido tocar. Forman parte de las evidencias recogidas en el registro del domicilio de Rato. El juez instructor prohibió su uso porque en el acta consta que se intervinieron 18 archivadores y no 22. Según la acusación, lo que pasó es que había tantos papeles que hicieron falta más archivadores de los que luego figuraron por escrito.
Para la oposición, se trata de una estrategia del Gobierno. Pedro Saura, portavoz socialista de Hacienda en el Congreso, "el Ejecutivo tiene un plan para salvar a Rato". El portavoz de la Izquierda Plural, Ricardo Sixto, ha destacado en 'Al Rojo Vivo' que "cuando uno tiene mucho dinero detrás, puede quitar pruebas".
Tampoco se han podido usar los documentos del despacho de Sotogrande con el que trabajaba el exvicepresidente. Los motivos, que el decano del Colegio de Abogados de Cádiz no estaba en el registro y que había documentación que no tenía nada que ver.
Los expertos se muestran sorprendidos, Victoria Rosell, portavoz adjunta de 'Jueces para la Democracia', ha dicho que "la presencia del decano es una norma de cortesía, pero no forma parte de las garantías cuya ausencia implicaría nulidad".
Ahora, es la Audiencia Nacional es la que tiene que decidir si finalmente se hará uso de estos documentos.
LOS REGISTROS FUERON EN MADRID Y EN CÁDIZ