Castro le pone el broche a su instrucción sin dejarse nada en el tintero: "Todo lo que tenía que decir al respecto ya se ha dicho en el auto de apertura del juicio oral".
El juez emplea buena parte de las 150 páginas del auto para justificar por qué la infanta será el primer miembro de la familia real que sepa lo que se siente al ocupar el banquillo: "Pocas, o más bien, ninguna imputación ha sido tan profusamente fundamentada como la de doña Cristina Federica de Borbón y Grecia".
Pulla para el fiscal, pero también las hay para aquellos que alegaban que la hermana del rey estaba indefensa. Castro defiende el proceso: "Ha sido incluso aún más garante que con los demás imputados, y cualquier censura debiera venir por ese lado".
Habla el magistrado de hipergarantismo, pero la defensa de doña Cristina apelará, porque ve grave el regate que le hace Castro a la docrina Botín. "Sólo pedimos que se aplique la ley y se respete la doctrina jurisprudencial", ha afirmado Roca.
Lo cierto es que Castro se afana en justificar por qué envía a la infanta al banquillo aunque ni Fiscalía ni el principal afectado, Hacienda, lo pidan: "Una sola sentencia, por muy ilustrativa que pudiere resultar, no crea jurisprudencia".
El magistrado asegura que, al sentirse agraviada por el presunto fraude de Urdangarin, la Agencia Tributaria abre la puerta a la imputación de su esposa, y le recuerda a Hacienda su labor divulgativa al respecto: "Se decidió a llevar a cabo unas amplias campañas institucionales de pretendida concienciación Tributaria (...) que cierran un diálogo con el eslogan oficial de la campaña: "Lo que defraudas tú lo pagamos todos".
Para el juez, lo opine la Agencia en este caso o no, cuando hay un fraude pagamos todos y lo justifica así: "El Gobierno de turno, que ve disminuido sus ingresos, efectúa una automática compensación recortando los servicios públicos, aumentando la presión fiscal o, lo que es más frecuente, ambas cosas a la vez".
Por ello doña Cristina está imputada como cooperadora necesaria en dos delitos fiscales, todo un triunfo para Manos Limpias. Y mientras unos reciben el movimiento final de Castro con alborozo, otros todo lo contrario. La Infanta, a la que se le reclama 2,6 millones de fianza por responsabilidad civil, puede enfrentarse a una pena de hasta cuatro años de prisión.