Ojeda salió de los juzgados gaditanos diez minutos antes de las cuatro de la tarde, más de siete horas después de su llegada, y abordado por los periodistas ha repetido, con actitud tranquila, en varias ocasiones: "señores, en libertad sin fianza".

El que fue consejero de Hacienda entre 1987 y 1990 ha declarado hoy ante el juez después de que el lunes fuera detenido en una operación de la Policía contra el fraude en los cursos de formación.

Según han informado fuentes judiciales, a Ojeda se le ha retirado el pasaporte y el juez le atribuye los cargos de falsedad documental, fraude en subvenciones, apropiación indebida y delitos contra la Administración Pública.

A la salida de los juzgados, el exconsejero se ha subido en un vehículo en el que le esperaba su hijo. El exconsejero, que a las 09.40 horas llegó esposado y escoltado por la Policía a los juzgados gaditanos en compañía de otro de los implicados que ocultaba su rostro, fue trasladado ayer a la Comisaría de Cádiz desde la de Sanlúcar de Barrameda, localidad en la que se encontraba veraneando cuando fue detenido.

Ángel Ojeda es uno de los nueve detenidos de la operación Óscar llevada a cabo por la Unidad de delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, entre los que se encontraba un hijo suyo que fue arrestado en Madrid.

De los nueve detenidos, la Policía dejó en libertad con cargos a cuatro, que no pasaron a disposición judicial. En las inmediaciones de la sede judicial gaditana se han concentrado una docena de extrabajadores de la factoría de Delphi que recibieron algunos de los cursos que están siendo ahora investigados.

Algunos de ellos portaban el diploma de una de esas acciones formativas, rubricado por el propio exconsejero socialista, un curso de montador aeronáutico que carece de la homologación pertinente para trabajar en las empresas del sector y que fue impartido por la Asociación de Empresas Aeronáticas (AEA) creada por Ojeda.

Francisco Ruiz, uno de los extrabajadores de Delphi, ha manifestado que se han desplazado hasta la sede judicial para saber "si nos puede mirar a la cara sin ruborizarse, sin avergonzarse de sus acciones sabiendo que tiene a sus espaldas a 600 familias en la miseria".

Los exempleados de la factoría de automoción de Puerto Real (Cádiz) consideran que muchos de los cursos que recibieron "eran de relleno" y aseguran que llegaron a pedir "otro tipo de formación más personalizada" pero que "a ellos les convenía manejar esas subvenciones que venían prometidas por la Unión Europea".

Ruiz ha añadido que los que se encargaban de su formación "necesitan una provincia con más de un 40 % de paro para que sigan llegando subvenciones" y han reclamado a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que no se quede "callada" porque "ahora es cuando tiene que dar la cara y decir la corrupción que hay en su partido".