El juez instructor del caso Nóos, José Castro, ha fijado una fianza solidaria de responsabilidad civil de 8,1 millones para Iñaki Urdangarin y su exsocio Diego Torres, por las responsabilidades pecuniarias que puedan declararse en su contra en este caso que investiga el desvío de fondos públicos al Instituto Nóos.
En un auto de más de 500 páginas, el magistrado les da un plazo de cinco días para el pago, desde el siguiente a la notificación, según han confirmado fuentes jurídicas.
El magistrado ha acordado fijar dicha fianza para cubrir posibles responsabilidades pecuniarias que pudieran declararse en su contra en esta pieza separada del caso Palma Arena.
La cifra se ajusta a los 8.189.448 euros que habían solicitado la Fiscalía y la acusación popular que ejerce el Sindicato Manos Limpias. Por su parte, la abogacía de la comunidad autónoma de Baleares había solicitado que se fijara una caución de 3.498.014,81 euros.
En el mismo auto, el juez solicita que Urdangarin y Torres indiquen si tienen antecedentes penales y, además, indica a la Comunidad valenciana la posibilidad de adherirse a la reclamación de fianza.
El juez ve "más que suficientes incidios de criminalidad" en el caso Nóos
José Castro, juez instructor del caso Nóos, considera que hay "más que suficientes indicios de criminalidad" en la actuación de Urdangarin y Diego Torres al frente del Instituto Nóos, entidad investigada por el presunto desvío de fondos públicos.
En concreto aprecia "indicios racionales" de los delitos de falsedad documental, prevaricación administrativa, malversación de fondos públicos, fraude a la Administración y tráfico de influencias de los que "podrían reputarse como autores" Urdangarin y Torres.
El juez señala que ahora no es el momento procesal para determinar las distintas modalidades de participación de las demás personas investigadas en esta causa.
De este modo, en el auto valida la acusación de la Fiscalía de que el duque de Palma y su exsocio crearon la entidad porque, si se presentaban mediante una compañía mercantil privada, les estarían vedadas las opciones de acceder a financiación pública.
Según el fiscal, al aparentar que no perseguían fines lucrativos, el instituto permitía además al duque de Palma y a su exsocio "rodearse del prestigio social derivado de las actuaciones altruistas", y evitar suspicacias por parte de terceros al financiarse básicamente con fondos públicos.