El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado el levantamiento del secreto del sumario de la 'Operación Kitchen', la pieza del caso Villarejo en la que se investiga el presunto espionaje al extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas.
El magistrado ha tomado esta decisión a la espera de pronunciarse sobre la última petición de la Fiscalía Anticorrupción, que solicitó la semana pasada imputar en esta misma pieza al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal.
La pieza Kitchen se abrió en noviembre de 2018 tras un informe policial que informaba de "nuevos hechos de apariencia delictiva" en relación a un "operativo parapolicial del que serían responsables órganos superiores y/o directivos de la Administración General del Estado", indica el magistrado en el auto en el que levanta el secreto.
El encargo, que "se habría llevado a efecto al menos en los años 2013 a 2015", consistiría en "la captación y la manipulación como colaborador-informante de la Policía" de Sergio Ríos, también imputado en esta causa y entonces conductor de la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias, y "persona de la máxima confianza del matrimonio".
Según el auto, el objetivo podría ser, "aparentemente", la obtención "de información concreta sobre el lugar en el que Luis Bárcenas y su esposa ocultarían material documental comprometedor para altos dirigentes del Partido Popular, sustrayendo su conocimiento de la autoridad judicial" en la investigación que se llevaba a acabo en la Audiencia Nacional.
De la ejecución material de dicho operativo se encargarían presuntamente el propio excomisario José Villarejo y el entonces jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), Enrique García Castaño, ambos imputados en esta y otras piezas del caso. Este último admitió al juez haber participado en ese operativo por orden del ex director adjunto de la Policía Eugenio Pino y haber entregado al ex número dos del Ministerio del Interior Francisco Martínez (también imputado) copia de la información sustraída.
En un auto, el magistrado considera que una vez examinado el estado de las actuaciones, a la vista del informe del Ministerio Fiscal y habiéndose verificado todas las diligencias que justificaron la declaración del secreto de las actuaciones, procede dejar sin efecto dicha medida, puesto que en este momento el conocimiento por las partes del procedimiento "o va a perjudicar a la investigación en curso".