El titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, Elpidio José Silva, ha dejado temporalmente la investigación del crédito que la Caja Madrid presidida por Miguel Blesa concedió al ex presidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán a la espera de que la Audiencia Provincial de Madrid resuelva sobre su recusación.
El magistrado que le sustituye es el titular del Juzgado de Instrucción número 36, Juan Antonio Toro, quien no efectuará ninguna diligencia que no considere urgente hasta que la instancia superior decida quién debe hacerse cargo de la causa, según informaron a Europa Press fuentes del caso.
El juez Silva investiga el préstamo por valor de 26,6 millones de euros que la caja de ahorros otorgó a Díaz Ferrán cuando era consejero en 2008, así como la compra del City National Bank de Florida en abril de 2010.
Díaz Ferrán y Blesa están acusados de un delito societario y de falsedad documental por el préstamo investigado, mientras que el ex responsable de créditos a empresas de Caja Madrid Carlos Vela está imputado por delito societario. La Fiscalía ve nulo este procedimiento.
La defensa de Blesa interpuso hace unos días un incidente de recusación contra el juez Silva al dudar de su imparcialidad y entender que sus decisiones revelan un "interés personal, directo e indirecto" en la causa, así como una "enemistad manifiesta" que lleva a pensar que actúa más como "denunciante" que como un instructor independiente.
El abogado de Díaz Ferrán se ha adherido a este escrito de recusación porque considera que el magistrado no está siendo ni pareciendo imparcial, mientras que la acusación, ejercida por el sindicato Manos Limpias, se ha opuesto alegando que no han aportado ninguna prueba que acredite ese "interés" en el proceso.
En su incidente de recusación, la defensa de Blesa argumenta que los autos del juez Silva son prolijos en "descalificaciones" y emplean un "tono despectivo y denigrante" que revelan su falta de imparcialidad y "contaminación" para instruir la causa seguida contra su cliente.
Así lo expone en el escrito de recusación, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que esgrime que el magistrado "condena" en sus autos a su representado incluso antes de iniciar la instrucción, lo cual constituye la "máxima expresión de la injusticia" y refleja un "juicio previo peyorativo" contra el acusado.
En su opinión, las resoluciones del instructor contienen consideraciones de fondo "tan minuciosas como arbitrarias" y son prolijas en "descalificaciones" contra Blesa sobre su "mala gestión, ausencia de mínima diligencia, ignorancia deliberada" e "inactividad" que, a todas luces, le incapacitan para llevar a cabo esta investigación.