El juez Velasco ha elevado una exposición razonada al TSJM al apreciar indicios de que Pedro Antonio Sánchez pudo haberse beneficiado de servicios de reputación personal prestados por empresas de la red Púnica y pagados con dinero público.
En su auto, el juez admite que el contrato para mejorar su imagen en internet que se iba a pagar con dinero público no se llegó a realizar, pero cree que ello no impide que se le pueda imputar un delito de fraude, ya que este se consuma por el solo hecho de concertar el contrato. Añade que si el contrato se hubiera realizado habría sido un delito de malversación.
La Fiscalía informó en contra de esta imputación en un documento controvertido que firmó la teniente fiscal de Anticorrupción después de que las fiscales del caso se negaran a hacerlo, una circunstancia que motivó la comparecencia del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, en el Congreso.
