Estos 17,4 millones se tendrán que devolver a las arcas públicas cuando sean fiscalizados por la Intervención General y reclamados posteriormente por la Agencia Tributaria, ha explicado.
Alonso, que ha defendido el trabajo del Gobierno andaluz, ha detallado que de los 8.505 expedientes pendientes de justificar se están analizando por los técnicos un total de 4.365 y de ellos 2.504 están en requerimiento de información, estudio o en fase de inicio de reintegro.
Además, 1.280 expedientes se han justificado correctamente y se han remitido a la Intervención General para su fiscalización y abono.