La Audiencia Nacional rechaza la puesta en libertad de Granados para evitar su fuga o que "compre voluntades"

El tribunal ha señalado en un auto que el cabecilla de la trama 'Púnica' se valió de los cargos públicos que ostentó tanta a nivel local como autonómico para crear una "cadena de deleznables favores y conductas impropias" dedicada, presuntamente, a "mover voluntades" con el fin obtener cuantiosos beneficios ilegales a través de las contrataciones públicas amañadas y con la recalificación de terreno.

Los beneficios conseguidos por dicha actividad -dice la Sala, que ha sido presidida por la magistrada Teresa Palacios y Juan Francisco Martel, como ponente-- están en "gran parte" localizados, pero no descarta que el 'número dos' de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, tenga otra parte del patrimonio oculto en España o en un país extranjero.

De este modo, la Audiencia Nacional ha rechazado su puesta en libertad para evitar la "tentación de sustraerse" de la acción de los tribunales debido a su "capacidad de mover o comprar voluntades", de que se fugue.

También de que oculte pruebas, sustraiga o destruya alguna prueba documental "de las mucha que que manejó y organizó" y que un futuro "pudiera comprometerle", así como que compre o recompense a un tercero para que declare lo que en "otro caso serían desfavorables a sus intereses".

Además, afirma que si accedieran a este recurso de apelación existe la posibilidad de que Granados siga dedicándose a actividades que "bordean la legalidad" y vuelva a cometer nuevos hechos delictivos. Por último, subraya que Velasco ha hecho una aplicación de los preceptos legales para rechazar su puesta en liberta de una manera "adecuada, cabal y ponderada".

El juez instructor Eloy Velasco rechazó el pasado mes de junio los argumentos de Granados para reclamar su puesta en libertad y le recuerda la "sensibilidad de la investigación" que se desarrolla y "los graves riesgos de obstrucción y alteración de las fuentes de prueba que siguen existiendo".