Así lo ha explicado la Fiscalía General del Estado en un comunicado, después de que se haya celebrado la vista ante la sala de apelaciones del alto tribunal para resolver el recurso presentado por el exconsejero, quien lleva en prisión desde el pasado 2 de noviembre imputado por rebelión, sedición y malversación de caudales públicos.

Según el comunicado del Ministerio Público, son tres los motivos por los que no se ha opuesto a que se acuerde la prisión provisional eludible con fianza de 100.000 euros. El primero son "razones humanitarias ", ya que "se ha tenido conocimiento de la aparición de tuberculina, circunstancia esta que ha de ser tenida en cuenta".

Fuentes de Instituciones Penitenciarias ya indicaron que Forn "no tiene tuberculosis", sino que "el test de Mantoux o test de la tuberculina" al que fue sometido en la cárcel de Estremera en la que está interno reveló que Forn ha tenido "contacto en algún momento de su vida, posiblemente en la niñez, con el bacilo de la tuberculosis", lo cual no significa que padezca la enfermedad.

El segundo motivo alegado por Fiscalía es que Forn renunció el pasado 24 de enero al acta de diputado "como muestra de su intención manifiesta de cese su actividad política y, con ello, nulo impacto del riesgo de reiteración delictiva". Y la tercera razón es la "falta de reiteración delictiva derivada de sus manifestaciones y/o actuaciones desde que se inició el cumplimiento de la medida cautelar" de prisión provisional.

El fiscal Fidel Cadena no ha argumentado ante los magistrados de la sala de apelaciones del Supremo el cambio del criterio que venía manteniendo el Ministerio Público con respecto al exconsejero de Interior. Unicamente se ha limitado a señalar que actuaba por orden del fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar.

La petición se ha realizado en aplicación del artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que faculta al fiscal general del Estado a dar órdenes directas a sus subordinados sobre asuntos específicos.

Durante la vista ante la sala de apelaciones, la defensa de Forn ha solicitado su puesta en libertad al apreciar que no hay riesgo de reiteración delictiva en los delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos que se le imputan indiciariamente por su participación en el 'procés'.

Por su parte, la acusación popular que ejerce el partido Vox ha reclamado que el exintegrante del Govern de Carles Puigdemont continúe en prisión preventiva al considerar que no existen "circunstancias nuevas" que modifiquen las razones por las cuales el instructor de la causa, Pablo Llarena, ha rechazado hasta este momento su excarcelación.

Así, ha argumentado el papel relevante de Forn en el control político de los Mossos d'Esquadra durante el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre, al tiempo que ha remarcado, en declaraciones a los medios de comunicación a la salida de la vista, que la "supuesta enfermedad" del exconsejero "no ha sido acreditada", es "un hecho y no una cuestión jurídica" y, de ser cierta, podría ser tratada en la cárcel.