La decisión de la juez de instrucción 6 de Sevilla se producirá cuando la Fiscalía Anticorrupción le remita un escrito pidiendo el archivo de la causa, lo que ocurrirá en los próximos meses, han informado fuentes judiciales.

Para el archivo se argumentará, entre otros motivos, que en esta causa hay irregularidades administrativas pero no delitos, han añadido las fuentes, que recuerdan los autos de dos jueces de Sevilla y Jaén que han adoptado la misma resolución dentro de las causas abiertas en las ocho provincias andaluzas.

En esta pieza política también están imputados dos exdirectores generales de Formación, una de ellas Teresa Florido, cuñada del exconsejero Ángel Ojeda, imputado en otra de las nueve piezas en las que la juez dividió la macrocausa de los cursos, y dos ex directores generales de Empleabilidad y Formación Profesional.

También están imputados nueve delegados provinciales de Empleo, uno de cada una de las ocho provincias andaluzas, menos en la de Sevilla, con dos acusados; y diez jefes de servicio, uno de cada provincia excepto en las de Granada y Sevilla, con dos imputados en cada una.

El futuro archivo se basa en las declaraciones prestadas como testigos por siete de los ocho interventores provinciales de la Junta de Andalucía, y también en la declaración la semana pasada, a petición del PP, del ex interventor general Adolfo García Fernández.

En su declaración, el exinterventor aseguró que en la justificación de los cursos hubo "dilación que puede conllevar un riesgo, no que exista", y añadió que su trabajo, que desarrolla desde 1985, "es detectar un riesgo y ponerlo en conocimiento", lo que "nunca ha supuesto un procedimiento penal" excepto en este caso.

"Ese menoscabo no lo ha apreciado en ningún expediente", concluyó el interventor a preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, según recoge su declaración. La macrocausa por los cursos de formación la abrió la anterior titular del juzgado, Mercedes Alaya, que en marzo de 2015 ordenó la detención de 13 de los políticos acusados dentro de la denominada operación Barrado, que quedaron en libertad sin ninguna medida cautelar, algunos tras pasar dos días detenidos en los calabozos.

La juez Alaya cifró en 950 millones de euros el dinero pendiente de justificar por cursos de formación pagados entre 2009 y 2013, y atribuyó esa actitud a la "desidia" o el "dolo" de responsables de la Junta de Andalucía.