Punto por punto, el juez Eloy Velasco matiza los detalles por los que ha enviado a prisión a Ignacio González. Le atribuye al expresidente madrileño el desvío de más de 23 millones de dinero público a paraísos fiscales en la compra de la empresa brasileña Emissao por parte del Canal Isabel II. Una operación que se realizó a través de un entramado opaco sin contar con informes de secretarios técnicos, ni interventores, ni tampoco con la autorización de la Consejería de Hacienda.
A lo largo de las 28 páginas del auto al que ha tenido acceso laSexta, el juez revela cómo González pidió un millón de euros a la Agencia de Informática de Madrid con el objetivo: sanear las cuentas del PP madrileño. Su exdirector, José Martínez Nicolás, está entre la decena de detenidos.
Se investiga también el cobro de una comisión de 1,4 millones de euros por parte de la constructora OHL, cuyo directivo, Javier López Madrid se encuentra en libertad bajo fianza de 100.000 euros. Otra empresa, Indra, habría abonado 700.000 euros a proveedores del Partido Popular.
Para el magistrado, existen indicios de que el patrimonio personal de Ignacio González, no está justificado. Habría incurrido en un delito de blanqueo de capitales a través de la gestión, junto a su mujer, de una red de guarderías a nombre de terceros.
Según ABC, el expresidente madrileño ya mostró en unas conversaciones intervenidas, su malestar con el magistrado Eloy Velasco: "Pones al juez a escarbar cebollinos y ya está". Se refería a la plaza que el juez ocupa en la Audiencia Nacional, y de la que éste no es titular. González prefería que saliese de la audiencia para evitar que ahondase en sus problemas con la Justicia, unos problemas que lo han llevado a la cárcel.
Sobre una presunta sociedad que Ignacio González habría propuesto crear a Eduardo Zaplana, el expresident de la Generalitat Valenciana, niega haber mantenido alguna actividad mercantil con González.