Siete meses y algunos cambios diferencian al texto que el pasado mes de noviembre presentaba Jorge Fernández Díaz del que el viernes aprobó el Consejo de Ministros. “Garantiza más y mejor los derechos y libertades de los ciudadanos”, aseguró el ministro de Interior. Puede que los cambios hayan sido motivados por las críticas llegadas de todos los sectores en sus poco más de siete meses de vida o por el aviso del poder judicial de que algunos de sus artículos rozaban la inconstitucionalidad. “Ya el texto inicial peca de muchas lagunas y un déficit de constitucionalidad muy alto”, señala un abogado.
Sin embargo, la ya conocida como ‘Ley Mordaza’, ha aflojado ligeramente sus cuerdas, pues de las 58 infracciones incluidas en el texto inicial se ha pasado a 47 en el definitivo, y de ellas, ya no son 21 las reconocidas como muy graves, sino sólo cuatro. Uno de los puntos más calientes era el referido a las sanciones por manifestarse frente a instituciones como el Congreso o el Senado. El borrador lo recogía como una falta muy grave, multada hasta con 600.000 euros. Ahora el Gobierno recula y pasa a ser una infracción leve o grave con multas máximas de 30.000 euros.
Cambios también en los supuestos para exigir la identificación de las personas. Si con el texto inicial la Policía podía ejercer este poder para prevenir un delito o una infracción administrativa, la norma definitiva elimina este último concepto. Aunque ahora es más descafeinada, la “Ley Fernández” sigue creando recelos. “Competencias que hoy afortunadamente son de la justicia, pasan a ser del Gobierno”, manifiesta Óscar López, secretario de la Organización del PSOE.
Esta ley está también está siendo cuestionada por aquellos organismos invitados a participar en su modificación y aseguran que podría conseguir el efecto contrario. En este aspecto, una portavoz de Greenpeace afirma que “han podido modificar algunas cosas pero la esencia es una ley restrictiva”. El viernes ya se manifestaron decenas de personas para protestar contra esta ley.