El derecho a la identidad de género libremente manifestada es uno de los puntos clave del borrador de Ley Trans que prepara el Ministerio de Igualdad: supone que la persona se pueda cambiar el nombre y sexo en el Registro Civil sin tener que presentar pruebas y tratamientos médicos o psicológicos.

Con esto, la norma pretende dar respuesta a una de las reivindicaciones históricas del colectivo trans: despatologizar la transexualidad. Y es que, actualmente, para cambiar de sexo, se obliga a la persona a presentar un informe médico o psicológico con un diagnóstico de disforia de género.

Además, se le exige haber estado durante dos años bajo tratamiento hormonal. En el caso de Judith Calero, tardó bastante en comenzar con el suyo y a día de hoy aún no ha podido cambiar su nombre en el DNI. "Tienes que ir con un informe psiquiátrico que dice que esta persona tiene un trastorno de identidad de género", explica.

¿Qué ocurre con los menores de edad trans? El borrador prevé que a partir de los 16 años puedan pedir la autodeterminación de género sin el consentimiento paterno. Sí lo necesitarán si quieren solicitarlo menores de entre 12 y 16 años, aunque si no hay consenso con sus padres o tutores legales se nombrará a un defensor judicial.

La norma también incluye a las personas trans extranjeras residentes en España, con independencia de su situación administrativa y, por primera vez, prevé que las personas no binarias, que no se identifican con el sexo femenino ni masculino, puedan omitirlo de su DNI.

Asimismo, contempla los tratamientos de reproducción asistida a los que tendrán acceso las personas trans con capacidad de gestar. En cuanto a las pruebas deportivas, podrán inscribirse atendiendo a su sexo registral y estarán prohibidas las pruebas de verificación.

Son algunas de las claves de un borrador que sigue generando un intenso debate dentro del movimiento feminista, pero también tensiones internas dentro del Ejecutivo de coalición. PSOE y Unidas Podemos no coinciden en todos los puntos y se tensa la relación política entre la vicepresidenta Carmen Calvo y la titular de Igualdad, Irene Montero.

En Igualdad contaban con poder convertir el borrador en anteproyecto de ley este mismo mes de febrero con su aprobación en el Consejo de Ministros, pero desde la Vicepresidencia Primera rebajan esas expectativas: dicen que aún queda mucho trabajo por hacer y que el borrador solo recoge la postura de la formación morada.