La Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) y la Asociación Catalana de Municipios (ACM) han anunciado la convocatoria del acto tras una reunión de sus ejecutivas y han calificado la situación como "muy grave".

La presidenta de la AMI, Neus Lloveras, ha considerado "un hecho sin precedentes en un país europeo" que el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, haya ordenado a los fiscales de Cataluña que citen como investigados a los alcaldes que han firmado un decreto para ceder locales para celebrar el 1-O y, en caso de no comparecer, reclamen a los Mossos que los detengan.

Lloveras ha asegurado que ambas entidades municipalistas han pactado continuar adelante con el referéndum, suspendido por el Tribunal Constitucional, así como que los alcaldes afectados "irán a declarar, porque no tienen nada que esconder".

No obstante, al ser preguntada por la negativa de muchos alcaldes de la CUP a acudir voluntariamente, Lloveras ha dicho: "Unos alcaldes lo harán voluntariamente y otros no, pero todos iremos a declarar".

Lloveras ha asegurado que los decretos firmados por estos alcaldes para adherirse al referéndum son una mera expresión de una voluntad política, por lo que están "amparados por la libertad de expresión", ha remarcado. "No tenemos nada que esconder. Cuando tengamos que ir a declarar, lo haremos y continuaremos trabajando para que los catalanes puedan expresarse libremente en las urnas", ha subrayado Lloveras.

Sin embargo, la CUP ya ha anunciado que su treintena de alcaldes no irán a declarar voluntariamente en los juzgados por firmar el decreto de cesión de colegios electorales para el referéndum del 1-O.

Por su parte, el presidente de la ACM, Miquel Buch, ha convocado a los 712 alcaldes afectados por la orden de la fiscalía este sábado a las 12 horas en la Plaza Sant Jaume de Barcelona, donde está el Palau de la Generalitat, para, ha dicho, "mostrar el rechazo a una justicia española que persigue medios, papeletas, urnas y ahora a los alcaldes".

Asimismo, Lloveras ha animado a participar en la concentración "a aquellos alcaldes que creen en la democracia", hayan o no firmado un decreto relacionado con el 1 de octubre. Por su parte, Buch ha asegurado que "si una persona tiene un problema con la justicia, tiene un problema, pero cuando son más de 700 los alcaldes perseguidos la que tiene un problema es la justicia española".

En cuanto a la orden de las fiscalías provinciales de Cataluña a las policías locales para que investiguen cualquier actuación encaminada a "organizar el referéndum ilegal" del 1 de octubre, Buch ha remarcado que la policía local "no es una policía judicial", sino que depende de los alcaldes. "No haremos que se persigan las herramientas democráticas de nuestro pueblo", ha dicho Buch.

La orden de la fiscalía afecta a 712 ayuntamientos catalanes que, según el ministerio público, han firmado un decreto para poner a disposición del Govern locales para celebrar el referéndum. El listado colgado en dicha página web incluye municipios de las cuatro demarcaciones, como Manresa, Vic, Igualada, Vilafranca, Vilanova, Sitges, Tortosa, Reus, Cambrils, Amposta, Girona, Figueres, Olot, Balaguer, Les Borges Blanques, La Pobla de Segur, Solsona o Tàrrega.