La carpintería de Fernando apenas le reporta 700 euros al mes. Aún así, no recibe ninguna ayuda para pagar la luz. "150 euros cada mes es mucho dinero en luz", explica.
Pide el bono social, un descuento del 25% que llega a dos millones y medio de hogares. Pensionistas con bajos ingresos y familias con todos sus miembros desempleados. Pero también, y aquí hablan de injusticia, clientes con potencia de menos de tres ilovatios, como pueden ser algunas empresas solventes, y familias numerosas sin importar sus ingresos.
Juan Carlos, como Fernando, cree que la pregunta de '¿quién se beneficia?' debería tener otra respuesta: "No tener un bono social lo veo injusto cuando mis ganancias no superan los 700 euros". Ahora, la pregunta más urgente a resolver es: ¿quién debe asumir el coste de 200 millones?
El supremo ve discriminatorio que lo sigan pagando los gigantes de la electricidad, que prefieren pasarlo a los presupuestos del Estado. Mientras, los políticos se dividen: el Gobierno cree que deben ser solo las comercializadoras y la oposición pide que sea todo el sector."No puede ser que aquí siga la política de Juan Palomo: yo me lo guiso, yo me lo como. Nosotros estamos por encontrar una solución y que terminen pagando todas las empresas del oligopolio", considera Rafael Mayoral, diputado de Podemos.
Por su parte, el ministro de Energía, Alvaro Nadal, señala que "con la sentencia del Supremo, debemos encauzar de nuevo la financiación". Además, otra pregunta: ¿qué se debe hacer para que los tribunales y Europa no lo vuelvan a tumbar? Los expertos creen que la ley debe ser más transparente.
"Ni el Supremo ni la directiva europea en la que se basa la sentencia dicen que tengan ser todas las empresas del sector con independencia de su tamaño y actividad", detalla empresario y experto en electricidad, Jorge Morales de Labra. Sentencia: aunque cambie la ley, es probable que al final terminen pagándolo los consumidores.