Es el fin de una de las medidas estrella impulsada por Manuela Carmena. El Tribunal Supremo ha tumbado Madrid Central y da la razón al ayuntamiento actual, el del popular José Luis Martínez-Almeida. El Alto Tribunal rechaza el último recurso, presentado por Ecologistas en Acción, y se alinea junto a lo dictado por el TSJM, que anuló la ordenanza municipal de 2018 por no cumplir debidamente con los trámites necesarios para su elaboración.

Pero cuidado, porque a efectos reales todo sigue igual. Se seguirá multando durante meses y aplicando las mismas restricciones. Así lo ha explicado el propio consistorio madrileño. El Ayuntamiento de Madrid entiende que la zona de bajas emisiones sigue por el momento en vigor, y que las multas que ya hayan sido comunicadas al infractor no se devolverán.

Así lo explican fuentes municipales, que argumentan que las multas ya cobradas o en su defecto comunicadas al sancionado (un total de 1.393.000) son "actos firmes", y que por tanto se deben abonar. Si bien, una vez decretada la suspensión definitiva, las no comunicadas al ciudadano dejarán de contabilizar.

El Supremo ha inadmitido un recurso de Ecologistas en Accióncontra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), de 27 de julio de 2020, por lo que esta decisión deviene firme, pero el Consistorio sostiene que el TSJM puede darle un plazo de hasta dos meses para ejecutar la sentencia.

Ese es el período que el Ayuntamiento pretende aprovechar para aprobar su nueva Ordenanza de Movilidad Sostenible, donde regulará las zonas de bajas emisiones de la ciudad, y evitar así un vacío legal. Hasta entonces, las cámaras de Madrid Central seguirán encendidas y se seguirán tramitando las sanciones, deviniendo igualmente firmes todas aquellas que sean comunicadas.

El propio alcalde se ha pronunciado tras la resolución judicial. "Mientras no sea firme la sentencia, Madrid Central sigue en vigor. No podemos hacer nada al respecto. En el caso de que alguno circule por Madrid Central sin los supuestos previstos, el Ayuntamiento tramitaría la multa correspondiente", dice Almeida.

Sí reconoce que se tendrán que "acelerar plazos" para que la nueva ordenanza de movilidad vea la luz y "aplicar así los principios globales de Madrid 360". Y añade que es "aventurado" hablar en este momento sobre cuantías de multas, pero que "los servicios jurídicos están estudiando todos los escenarios".