Incomodidad en Sumar con la última negociación del Gobierno con Junts Per Catalunya. Según ha podido saber laSexta, la formación liderada por Yolanda Díaz no se encuentra cómoda con cómo se ha gestionado la última negociación con la formación independentista respecto a la política migratoria.
Desde Sumar critican el proceso negociaciador del ministro de presidencia Felix Bolaños y aseguran que lo que vimos el miércoles de la semana pasada no se puede repetir. Afirman que las negociaciones "tienen límites" y que, en este caso, no comparten "ni las formas ni el contenido".
"Las competencias de migración tienen que ver con los derechos humanos. España y Catalunya son tierras solidarias y de acogida. Hay que combatir democráticamente los discursos xenófobos que vinculan inmigración y delincuencia", han espetado desde el partido político en declaraciones a este medio.
El acuerdo 'in extremis' entre PSOE y Junts para sacar adelante los decretos que se llevaron a pleno el pasado miércoles ha suscitado numerosas dudas. El Gobierno llegó a un acuerdo con la formación catalana para que se abstuviera en la votación y pudiera dar luz verde a los tres primeros reales decretos que el Ejecutivo sometía a votación esta legislatura a cambio, entre otras cuestiones, de transferir las competencias en materia de inmigración a la Generalitat.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha insistido en que "todo lo que tiene que ver con el control de fronteras y las políticas de migración irregular" seguirá en manos del Estado. En una entrevista en RNE, Sánchez ha respondido sobre la cesión de compertencias migratorias a Cataluña.
El también líder del PSOE ha remarcado que el artículo 149 de la Constitución deja claro que es el Estado el que tiene las competencias en política migratoria y añadido que tanto el Estatuto de Autonomía de Cataluña como el de Andalucía recogen "definidas las competencias" para estos ejecutivos regionales.
Aunque reconoció que Junts "tendrá su posición" sobre este asunto y lo acordado, Sánchez remarcó que las "políticas de control de las fronteras" son competencia de la Administración General del Estado y que la cuestión que se abordará con las comunidades autónomas, en coordinación con el Ejecutivo, es sobre las políticas relacionadas con la integración social. Insistió en que se trata de, después del pacto migratorio europeo, "revisar muchas de estas políticas para hacerlas más eficaces y solidarias".