El presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, ha solicitado al Poder Legislativo que reforme el artículo del Código Penal sobre la financiación ilegal de los partidos políticos para eliminar la administración judicial o la disolución de una formación como condena, ya que supondría dejar sin "referencia política" a los ciudadanos que se sientan identificados con esa opción.
Durante su intervención en el curso de verano 'Justicia y desarrollo económico', organizado por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y el Santander, Marchena ha explicado la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que, según ha dicho, "ha venido para quedarse".
Sobre los delitos de financiación de partidos políticos, el artículo 304 bis, el magistrado ha destacado que la inclusión de este aspecto en la última reforma del Código Penal fue "controvertido", porque en un principio "no estaba previsto". Además, ha señalado que su apartado quinto, prevé las condenas como la administración judicial, la disolución o la suspensión de actividades, como, por ejemplo, solicitaron las acusaciones populares como castigo para el PP por destruir presuntamente los ordenadores del extesorero Luis Bárcenas.
"¿Alguien se imagina que un partido político fuera administrado judicialmente por la Audiencia Nacional? No tiene ningún sentido", ha afirmado Marchena, a la vez que ha detallado que esto podría "dejar sin referencia política a los ciudadanos que se sientan identificados".
"No se puede acordar la disolución de un partido por un hecho concreto", cuyo delito sobre el que se le responsabiliza está "geográficamente localizable y que es subsanable y atendible con la condena de los responsables por ese hecho concreto", ha destacado. Por ello, ha asegurado que la reforma legislativa es "insuficiente" y ha pedido a las Cortes que "adapten las penas" previstas en dicho precepto, subrayando que no existe "obstáculo constitucional".