La imputación de la infanta Cristina fue un momento histórico para la monarquía que no se repetirá con otros miembros de la familia real. El ministro de Justicia ha blindado a la reina y los príncipes de Estado, otorgándoles la condición de aforados.
Así, en caso de ser imputados por algún delito, serían juzgados por el Supremo, y no por un tribunal ordinario. Un órgano judicial acorde a su cargo que, según el ministro, no es ningún privilegio: “El aforamiento no es ningún privilegio e, incluso en algunos casos, alguien podría alegar que es un perjuicio”.
Pero su decisión está siendo cuestionada por magistrados y expertos jurídicos que consideran que el aforamiento hoy es innecesario y que habría que limitar una lista ya de por sí demasiado larga: "No sabría calcular el número pero lo que hay que hacer es reducirlos al mínimo" afirma José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo.
El ministerio prohibirá, además, a jueces y asociaciones judiciales hacer valoraciones sobre asuntos pendientes y casos abiertos en los juzgados. Una medida que, según muchos magistrados, vulnera su derecho de expresión.
Y más cambios controvertidos. El juez Pablo Ruz, instructor de la Gürtel o la jueza Alaya, con el caso de los ERE de Andalucía, también están en el punto de mira del ministro de Justicia. Desaparecen los jueces estrella, al derivar los asuntos de la Audiencia Nacional y otros macroprocesos complejos, a un tribunal formado por tres magistrados. Algunos temen que los casos más polémicos acaben asignados a jueces concretos.