El Gobierno obligará a las tiendas realizar promociones específicas sobre los productos cuya fecha de caducidad esté próxima a vencer y exigirá por ley que los establecimientos con más de 400 metros cuadrados habiliten una zona para aquellos productos que, a pesar de estar en perfecto estado de consumo, tengan un aspecto deteriorado, como puede ser el caso de algunas verduras, frutas o productos ecológicos.

Además, la futura Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario impondrá a bares y restaurantes proporcionar a sus clientes bolsas o cajas para que puedan llevarse las comidas no consumidas.

Son algunas de las medidas que el Gobierno quiere imponer para frenar el despilfarro de alimentos. Según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, cada año, en España, se tiran 1.364 millones de kilos de comida y el desperdicio alimentario afecta a tres de cada cuatro hogares. Todo ello en un planeta en el que 800 millones de personas que pasan hambre y 1.600 millones sufren malnutrición.

La futura ley también facilitará que, en caso de que los productos ofertados resulten difíciles de vender, sean donados a ONG o bancos de alimentos cuando estén en perfecto estado para el consumo. En este sentido, obligará a industrias alimentarias y establecimientos comerciales y de hostelería y restauración a suscribir convenios con las organizaciones receptoras con las condiciones de recogida, almacenamiento, transporte y la selección de alimentos.

Además, los agentes de la cadena alimentaria tendrán que informar anualmente de las pérdidas, así como del cumplimiento de sus planes de prevención y, en el caso de que las donaciones no se cumplan, industrias y establecimientos podrían enfrentarse a sanciones de entre 6.001 y 150.000 euros.

Entre las infracciones con sanciones económicas se registraría impedir mediante contrato la donación de alimentos; no donar o distribuir los excedentes a empresas o entidades de iniciativa social; o que las entidades sin ánimo de lucro receptoras no mantengan unas correctas prácticas de higiene en la conservación y manipulación de los alimentos.

El ministro expuso que con esta ley se busca remediar un "triple problema": atajar las pérdidas económicas que entrañan el trabajo de ganaderos y agricultores y la pérdida del propio alimento; el daño medioambiental, ya que con su producción se utiliza agua, suelo y se realizan emisiones a la atmósfera; y dar respuesta al debate "ético y moral" que supone tirar alimentos cuando hay tantos millones de personas en el mundo que pasan hambre.

Despilfarro económico

Las cifras son abrumadoras. Según datos oficiales, el 40% del despilfarro de alimentos en España se produce en los hogares. De hecho, tres de cada cuatro familias desechan un volumen de alimentos de unos 31,3 kilos al año. Otro 40% de los alimentos que acaban en la basura lo hacen durante el transporte.

Un 5% acabaría en la basura durante la distribución y el 15% restante en restaurantes, bares o tabernas. Datos que se traducen en un despilfarro económico que se une a otras consecuencias devastadoras como el impacto medioambiental o moral al desaprovechar la oportunidad de donar la comida.

Otras formas de ahorrar comida

El despilfarro de alimentos también se produce, en gran medida, por desconocimiento. Una de las diferenciaciones clave es la que se debe hacer entre la fecha de caducidad y la fecha de consumo preferente.

La fecha de caducidad está fijada por los productores por normativa europea e indica que, una vez superada, los alimentos podrían deteriorarse. La fecha de consumo preferente solo indica que el alimento podría perder algunas de sus cualidades, como el color o la forma, pero mantiene intactas todas las características recogidas en el etiquetado.

"A partir de ahí, es perfectamente consumible, pero se han degradado algunas de las condiciones", ha detallado el ministro, que ha explicado que "cuando los alimentos están en perfectas condiciones y no haya llegado la fecha de caducidad se puede vender, distribuirse y consumirse".