El Gobierno trabaja ya en la reforma de la ley de extranjería, y por lo que sabemos hasta ahora afectará sobre todo a las devoluciones en caliente. El ministro del interior ha anunciado que será un ley más impermeable y ha mandado un recado a Bruselas. Para la oposición la reforma es sólo una cortina de humo para tapar lo ocurrido en Ceuta. Rubalcaba ha pedido el cese director de la guardia civil.
El ministro del interior quiere unas fronteras absolutamente impermeables, Jorge Fernández Díaz dice que quieren "garantizar la impermeabilidad de nuestras fronteras y que nadie entre ilegalmente en nuestro país". Por eso, asegura, ya hay un grupo de expertos trabajando en las llamadas devoluciones en caliente. Pero ha lanzado un mensaje. España sola no puede. "Hemos invertido en los últimos cinco años casi 60 millones de euros, Europa además de dar consejos, tiene que implicarse con financiación".
Juan José Imbroda, el presidente de Melilla, aplaude la revisión de la ley. Quiere que la policía pueda actuar sin sufrir, dice, un linchamiento. "Si la guardia civíl no puede actuar, pongamos azafatas en las fronteras". Cambios en la ley migratoria que reclaman grupos como UPyD. Rosa Díez opina que "es incompatible la ley de extranjería con los acuerdos paralelos que han llegado el Gobierno de la Nación con el gobierno de Marruecos". Pero que otros, ven como una cortina de humo. "Es incongruente que con el cambio en la ley se solucionen los problemas" explica Aitor Esteban, portavoz del PNV en el Congreso.
Más importante ahora, asegura Rubalcaba, es aclarar la actuación de la Guardia Civil." Que cesen al director de la Guardia Civíl y del delegado de gobierno en Ceuta". También las ONG temen que los cambios en la ley supongan una pérdida de derechos. "Que se articule algún tipo de procedimiento en base a esa supuesta modificación, que se pueda devolver en un plazo mucho más limitado, y sin necesidad de pasar por un proceso sancionador" opina Paloma Favieres, comisión de Ayuda al Refugiado CEAR. Creen que el cambio podría dar facilidades a las autoridades para la expulsión.