El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha anunciado en el Congreso de los Diputados que el Gobierno no va a permitir que ningún terrorista pueda tener acceso a prestaciones sociales del Estado y, de hecho, ha concretado que ya le han negado ayudas a 40 personas que pertenecen o pertenecieron a ETA.
"El Gobierno está desde el primer día trabajando para evitar situaciones injustas como que los terroristas se beneficien con las prestaciones sociales del Estado que han tratado de dinamitar", ha dicho.
En su intervención el ministro se ha hecho eco del recurso que ha presentado la etarra Inés del Río contra el bloqueo de los 30.000 euros de indemnización a cargo del Estado que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo incluyó en la sentencia que derogó la 'doctrina Parot'.
Fernández Díaz ha manifestado su disposición a introducir una modificación legal para fijar el requisito de haber satisfecho la responsabilidad civil para recibir ayudas. "Nos vamos a esmerar", ha zanjado.