El Gobierno ha impulsado un plan para actuar contra la "desinformación" y "la difusión deliberada a gran escala y sistemática de mensajes falsos", un plan que permitiría, en caso de que se considere necesario, realizar campañas de comunicación pública dirigidas por la Secretaría de Estado de Comunicación para frenar esa desinformación detectada.

La disposición, publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se fundamenta en que el acceso a la información veraz es uno de los pilares que sustenta a las sociedades democráticas y en que "la libertad de expresión y el derecho a la información se consagran como derechos fundamentales", y para velar por ello crea un mecanismo de vigilancia compuesto esencialmente por departamentos del Gobierno (Consejo de Seguridad Nacional, el Comité de Situación, la Secretaría de Estado de Comunicación, la Comisión Permanente contra la desinformación, las Autoridades públicas competentes y el sector privado y la sociedad civil).

Esas autoridades competentes serán las que podrán solicitar la colaboración del sector privado y la sociedad civil, entre los que se citan los medios de comunicación, las plataformas digitales, el mundo académico, el sector tecnológico, las organizaciones no gubernamentales y la sociedad en general.

Cuatro niveles de actuación

El plan de actuación contra la desinformación establece cuatro niveles. El primero es la detección, la alerta temprana y la notificación del problema. El segundo nivel comprende la convocatoria de la alerta y la realización de una campaña de comunicación pública sobre la desinformación, entre otras medidas.

Un tercer escalón conllevaría dar información a nivel político-estratégico por parte de la Secretaría de Estado de Comunicación y hacer seguimiento y evaluación de la alerta, mientras que el cuarto estadio sería la coordinación de la respuesta a nivel político por parte del Consejo de Seguridad Nacional en caso de atribución política de una campaña de desinformación a un tercer estadio.

Para elaborar el proyecto, se toma como punto de partida el Plan de Acción contra la Desinformación del Consejo Europeo de 2018, que reclama una acción coordinada de los estados miembros para atajar la desinformación. Así, el Ejecutivo crea un Sistema Nacional para la prevención, la detección, la alerta, el seguimiento y respuesta a este fenómeno.

El plan ha desatado una tormenta política, con acusaciones de ala oposición, pero desde Moncloa aclaran: el procedimiento aprobado tiene como finalidad evitar la injerencia extranjera en procesos electorales, así como detectar campañas promovidas desde el exterior que puedan dañar los intereses nacionales de nuestro país.

El Plan, en consonancia con el artículo 20 de la Constitución Española, defiende el acceso de los ciudadanos y ciudadanas a la información veraz y plural como uno de los pilares esenciales de nuestras democracias. Su objetivo es precisamente luchar contra las campañas de desinformación que atenten contra este principio.

En ningún caso vigilará, censurará o limitará el libre y legítimo derecho de los medios a ofrecer sus informaciones.