Naciones Unidas censura las llamadas 'leyes de la concordia' de PP y Vox en Aragón, Castilla y León y la Comunidad Valenciana e insta al Gobierno a adoptar "todas las medidas necesarias para garantizar el estricto respeto de los estándares internacionales de los derechos humanos en materia de preservación de la memoria histórica", ante unas normas que "pueden invisibilizar las graves violaciones de derechos humanos" cometidas durante el franquismo.

En concreto, los relatores especiales de la ONU, advierten en un informe, con fecha del 30 de abril, de que estas medidas impulsadas por la derecha y la ultraderecha para acabar con las leyes de memoria democrática "podrían transgredir la obligación" de "garantizar la preservación de la memoria histórica de graves violaciones de derechos humanos" y además "obstaculizarían el derecho a conocer la verdad".

Inciden en que estas nuevas leyes "ordenan la supresión de múltiples entidades, proyectos, sitios webs y actividades de memoria histórica" y "pueden acarrear límites al acceso a la verdad sobre el destino o paradero de las víctimas". Además, señalan, "obstaculizan o suprimen la subvención de proyectos de memoria histórica" y "pueden invisibilizar las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen dictatorial franquista, y/o omiten nombrar o condenar dicho régimen".

Recuerdan, por tanto, que todas las administraciones "deben cumplir con la obligación de proteger los derechos humanos, comprendida la obligación de garantizar la preservación histórica de la memoria de graves violaciones de derechos humanos". El incumplimiento de estas obligaciones, alertan, puede "comprometer la responsabilidad del Estado español".

Análisis de las leyes de cada comunidad

El informe, que firman el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias y el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; se refiere, además, de forma individual a los proyectos legislativos de cada una de estas tres comunidades.

Aragón

De la norma que derogó la ley de memoria democrática en Aragón, el informe de la ONU destaca que, a diferencia de la legislación anterior, "no hace referencia a las graves violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen franquista" sino que "se refiere a las 'atrocidades cometidas por un bando durante la guerra civil', mientras que sí menciona la violencia política ejercida durante la llamada 'Segunda República'".

Incide además en que "suprime un gran número de entidades y actividades de memoria histórica", así como la web institucional con el mapa de fosas comunes y los lugares de memoria en la comunidad, y "sujeta las subvenciones de proyectos públicos de memoria histórica a condicionamientos, haciendo su sostenimiento incierto".

Por tanto, advierte de que "la nueva ley invisibiliza las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura franquista, al no hacer referencia explícita ni condenar el régimen, su carácter dictatorial, o su responsabilidad por los crímenes cometidos en este periodo".

Castilla y León

En la misma línea, la ONU destaca que el proyecto de 'ley de concordia' de Castilla y León "suprime la palabra 'dictadura" y "no incluye una condena expresa a las graves violaciones de derechos humanos" perpetradas durante la misma. Así, denuncia que "invisibilizaría las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura franquista, al negarse a nombrar y condenar al régimen dictatorial a pesar de su innegable responsabilidad en las mismas".

Asimismo, advierte de que "no facilitaría la participación ni otorgaría un rol consultativo a organizaciones de víctimas e instituciones de sociedad civil o académicas en el trabajo de la Comisión de Exhumaciones"; de que no reconoce las subvenciones para actividades de memoria histórica y "podría obstaculizar con ello el derecho a la verdad por parte de víctimas y de la sociedad civil respecto del destino y paradero de víctimas".

Comunidad Valenciana

Finalmente, el informe considera que, al reconocer el mismo régimen de protección a "las víctimas de la Segunda República y del terrorismo etarra e islámico", la nueva ley de la Comunidad Valenciana "desvirtúa el objetivo" de las leyes anteriores "de atender las necesidades y derechos de las centenas de miles de víctimas del franquismo y la guerra civil".

Además, advierte de que esta norma prevé suprimir los procesos de memoria democrática iniciados y no concluidos, excepto la indagación, localización, exhumación e identificación de personas desaparecidas, pero "no detalla las condiciones bajo las cuales se podrán iniciar nuevos procedimientos de este tipo".

Así, y aunque los relatores reconocen "la importancia de asegurar la no discriminación a la hora de reconocer y dar justicia y reparación a todas las víctimas de la violencia", advierten también de que esta ley "podría llevar a asimilar" los crímenes cometidos durante la dictadura y la Guerra Civil a "un grupo heterogéneo de crímenes y/o violaciones cometidas por diferentes actores, estatales y no estatales, a lo largo del siglo XX en España, quitándole el reconocimiento y la atención necesarios a los derechos de las centenas de miles de víctimas de graves violaciones de derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas cometidas durante la dictadura franquista".

El Gobierno reclamará la "revisión urgente" de las leyes

Tras conocerse la advertencia de la ONU, el Gobierno ha avanzado que reclamará a los Ejecutivos de PP y Vox de Aragón, Castilla y León y la Comunidad Valenciana la "revisión urgente" de sus 'leyes de la concordia', ante lo que considera un informe "contundente" que concluye que estas "vulneran los derechos humanos" e "invisibilizan a las víctimas". Además, consideran que "pone de manifiesto la gravedad de las infracciones constatadas".

Por su parte la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha celebrado que los relatores de Naciones Unidas se dirijan a las instituciones españolas para "recordarles sus obligaciones con respecto a las víctimas de la represión franquista" y "la amenaza para las víctimas que suponen" las 'leyes de concordia', así como "las obligaciones que todavía no cumple el Estado de garantizar a las víctimas de la dictadura franquista su acceso a la justicia, a una indemnización y a las garantías de no repetición".