La alcaldesa de Alicante, la popular Sonia Castedo, ha aprobado los presupuestos de 2015, que se elevan a 240,2 millones de euros, entre las acusaciones de la oposición de beneficiar a su empresario de "cabecera" y "amigo", Enrique Ortiz, principal contratista local.

Castedo está imputada judicialmente en dos piezas separadas del caso Brugal relativas a las supuestas ilegalidades en el diseño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y del plan urbanístico de Rabasa, y en ambas ramas el presuntamente beneficiado es Ortiz.

La oposición ha coincidido en criticar los recortes sociales y en que las cuentas dedican uno de cada cinco euros, 44,1 millones de euros, a las contratas participadas por Ortiz, principalmente la de recogida de residuos, así como 30 más a pagar a los bancos para devolver el rescate que, hace un año, salvó al Consistorio de la "quiebra".

En la réplica, el concejal de Hacienda, Juan Seva, del Partido Popular, ha rechazado la visión catastrofista del resto de grupos y ha afirmado que son unos presupuestos "saneados" que atienden a las demandas sociales. Además, ha resaltado que en cuatro años se ha pasado de pagar a proveedores de 120 días a tan sólo 12.