Todos los grupos políticos con representación en el Parlamento de Galicia han acordado urgir a la Xunta que proporcione la documentación necesaria e inste al Gobierno a que inicie las acciones legales para la recuperación del Pazo de Meirás, con la voluntad expresa de que esto no suponga "un nuevo coste para el pueblo de Galicia". El acuerdo unánime nació a raíz de tres proposiciones no de ley presentadas por los grupos de PP de Galicia, En Marea y BNG en este sentido y que, tras el diálogo entre las formaciones, han llevado a un único texto consensuado.
En la proposición aprobada, en Parlamento reconoce el trabajo realizado "desde hace años" por historiadores, asociaciones de memoria histórica, Xunta pro Devolución do Pazo y otras instituciones en la recuperación de este bien patrimonial. Del mismo modo, insta a la Xunta a "remitir urgentemente" el informe elaborado por la Comisión de Expertos al Estado, "con la petición de que se realicen las acciones legales" necesarias para reintegrar el Pazo de Meirás "al ámbito de los bienes de dominio público de la Administración General del Estado", como propone este informe. A mayores, solicita que la Xunta se adhiera a esta acción legal en cuanto sea ejercida y expresa su "voluntad" de que la recuperación de este bien para el patrimonio público "no implique un nuevo coste".
La "entrega del Pazo de Meirás" fue, para el diputado, un "expolio organizado por las autoridades y miembros del entorno franquista", algo que, según sus palabras, requiere el apoyo de todos los representantes públicos para "recuperar para el pueblo la dignidad y los bienes robados".
En la misma línea, la diputada nacionalista Ana Pontón ha confiado, antes de llegar al acuerdo, en que todos los grupos políticos supiesen "estar a la altura del reto" planteado para la recuperación de Meirás. El diputado popular Pedro Puy fue el que hizo más hincapié en la necesidad de que el acuerdo que se aprobase en la sesión de este miércoles contase con el apoyo unánime de los grupos, algo que, en su opinión, demostraría "la superioridad moral de la democracia sobre la dictadura".
"El Pazo de Meirás debe volver al patrimonio público porque nunca dejó de ser público", ha dicho el diputado socialista Xoaquín Fernández Leiceaga durante su intervención en el debate, en la que ha elogiado el carácter "plural" y "técnico" del informe de la Comisión de Expertos y ha garantizado "todo posible para alcanzar el consenso" que, finalmente, se ha producido.
Uno de los puntos discordantes del debate ha sido la posibilidad de que la demanda civil planteada para recuperar este bien abra la puerta a indemnizar a los herederos del dictador, algo que plantea el informe de la comisión de expertos impulsada por el Gobierno gallego. En este sentido, Antón Sánchez se ha opuesto de pleno a que la iniciativa contemplase esta posibilidad, ya que ha considerado que se trata de anticipar la situación, al tiempo que ha apostado por que la recuperación se haga "sin coste para las arcas públicas”.
Durante el debate, los grupos de la oposición han reclamado también que, además del informe de expertos encargado por la Xunta, se remitiese al Gobierno central el estudio realizado por la Diputación de A Coruña, mientras que el PP de Galicia se ha aferrado al realizado a iniciativa del Gobierno gallego. Del mismo modo, tanto En Marea como BNG reclamaban que se incluyesen en el acuerdo parlamentario los posibles usos futuros del Pazo de Meirás, que han vinculado a la Memoria Histórica.
En esta línea, Ana Pontón ha rechazado que el espacio pueda convertirse en "un circo" y lo ha reivindicado para la "recuperación de la Memoria Histórica", mientras que Antón Sánchez ha expresado la "voluntad de convertir Meirás en un símbolo democrático y destinado a usos públicos centrados en la Memoria Histórica gallega". Sobre esta cuestión, Pedro Puy ha pedido aplazar estas consideraciones hasta que haya una decisión sobre la titularidad. "Ojalá tengamos que debatir los usos", ha dicho.