La negativa del jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, a comparecer en el Senado para aclarar las "dudas" que el PP tiene sobre su tesis doctoral ha abierto una crisis institucional inédita con la Cámara Alta, donde el PP está dispuesto a usar su mayoría absoluta para convocar al presidente de una u otra forma.
La estratagema del grupo popular para forzar a Sánchez a declarar ante el Senado sería crear una comisión de investigación sobre la tesis a la que el presidente sería el primer convocado, y estaría obligado a hacerlo porque de lo contrario podría cometer un delito.
La petición para que Sánchez acudiera al pleno del Senado ante las "sospechas de plagio" en su tesis y las "dudas sobre su autoría" fue aprobada el 2 de octubre por la Junta de Portavoces de la Cámara gracias a la mayoría absoluta del PP en esta institución.
El grupo popular daba por hecho que se celebraría el próximo 23 de octubre, a falta de concretar hora y formato, habida cuenta de que el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Antonio Montilla Martos, había propuesto esta fecha hace una semana.
Sin embargo, en la reunión celebrada hoy por la Junta, Montilla ha trasladado la negativa de Sánchez a cumplir con el requerimiento bajo los argumentos de que no hay precedentes de comparecencias "específicas" de presidentes -que sí han acudido al Senado para debates de política general- ni previsión reglamentaria al respecto.
La reacción del PP ha sido inmediata; una vez que su portavoz, Ignacio Cosidó, ha calificado de "vergüenza democrática" que Sánchez trate de eludir el control del Senado, ha anunciado que su grupo creará una comisión de investigación sobre la tesis del presidente, algo fácil con su mayoría absoluta, para así obligarle a comparecer bajo amenaza de cometer un delito penado si no lo hace.
"¿Qué tiene que ocultar el doctor Sánchez?", se ha preguntado Cosidó, convencido de que "de una forma u otra" el presidente acabará hablando en el Senado de la polémica por su tesis doctoral.
La situación, según reconocen fuentes del PP y también del grupo socialista, abre un panorama inédito desde el punto de vista institucional, pero ambas formaciones se cruzan reproches por su responsabilidad en una crisis que puede ser larga.
De momento, el presidente del Senado, Pío García-Escudero, enviará un requerimiento a Sánchez para que atienda lo acordado por la Junta. El vicepresidente, Pedro Sánz, ha llegado a hablar de "posición de rebeldía" del presidente si no hace caso.
Mientras el portavoz socialista, Ander Gil, defendía tras la Junta de Portavoces la negativa de Sánchez y arremetía contra el PP por "manosear" la institución y querer convertirla en un "lodazal", el Gobierno tenía preparado un anuncio para dejar claro que sí habría comparecencia, pero de otro modo.
El jefe del Ejecutivo ha solicitado a García-Escudero la convocatoria para el primer trimestre de 2019 del debate sobre el estado de las autonomías, una cita que tiene lugar en la Cámara Alta, que no se celebra desde hace 13 años y que reúne al Gobierno con todos los presidentes autonómicos.
La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que no ha dudado en afirmar que "el Senado está rompiendo las reglas del juego" por querer obligar a Sánchez a comparecer, ha destacado precisamente que es en este foro, ante la Comisión General de Comunidades Autónomas, donde Sánchez hablará y donde se le podrá preguntar "de todo".
Entre tanto, Ciudadanos, desde el Congreso, también quiere una comisión de investigación sobre la tesis de Sánchez, pero necesita formalmente del apoyo del PP para que salga adelante.