Presunto fraude fiscal
Los peritos de Hacienda confirman ante la jueza los indicios de dos delitos fiscales del novio de Ayuso
Los detalles La instrucción se centra en los supuestos indicios delictivos sobre hechos relativos al Impuesto de Sociedades correspondientes a los ejercicios de los años 2020 y 2021 y de un presunto delito de falsedad en documento mercantil.
Resumen IA supervisado
La magistrada que investiga a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, por presunto fraude fiscal, ha tomado declaración a dos inspectores de Hacienda. Estos inspectores participaron en un informe sobre la empresa Maxwell Cremona, que originó la investigación de la Fiscalía. La causa, abierta hace casi un año, se centra en delitos fiscales en 2020 y 2021, y en un presunto delito de falsedad documental. Los inspectores confirmaron que existen indicios de fraude, basados en gastos ficticios. La defensa de González Amador ha mostrado discrepancias y podría presentar un informe pericial. La jueza señala que el fraude habría evitado el pago de cuotas significativas al Impuesto de Sociedades.
* Resumen supervisado por periodistas.
La magistrada que investiga por presunto fraude fiscal a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha tomado declaración a dos inspectores de Hacienda que participaron en un informe sobre su empresa Maxwell Cremona que dio pie a la investigación de la Fiscalía que desembocó en la apertura de esta causa.
La titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid citó a estos dos testigos el pasado 24 de febrero, después de que González Amador se acogiese a su derecho a no declarar como investigado en la causa, abierta hace casi un año y que nació de una denuncia de la Fiscalía que se basaba en un informe de la Agencia Tributaria sobre la empresa Maxwell Cremona, administrada por el novio de Ayuso.
Fuentes jurídicas han desvelado a laSexta que los dos peritos de Hacienda, que detectaron el presunto fraude fiscal, han confirmado sus informes.
Ambos han explicado sus informes contestando a las preguntas de todas las partes y han confirmado que, a su juicio, existen indicios de dos delitos fiscales en los ejercicios de 2020 y 2021, por lo que pusieron los hechos en conocimiento de la Fiscalía.
El informe de la Agencia Tributaria exponía que se detectaron "unos gastos ficticios basados en facturas emitidas por diversas sociedades".
Durante el interrogatorio, la defensa ha mostrado sus discrepancias "técnicas" y "fácticas" frente al contenido de los informes. Los abogados de González Amador valoran la presentación de un informe pericial para argumentar esas discrepancias.
Delitos fiscales
La instrucción se centra en los supuestos indicios delictivos sobre hechos relativos al Impuesto de Sociedades correspondientes a los ejercicios de los años 2020 y 2021 y de un presunto delito de falsedad en documento mercantil al haberse aportado unas facturas que no se corresponden supuestamente con servicios realmente prestados y aportados con la finalidad de minorar la cuota tributaria a satisfacer.
En el auto de apertura de diligencias, la jueza razonaba que supuestamente y "como consecuencia de estas conductas defraudatorias, el contribuyente ha dejado de ingresar a la Hacienda Pública estatal por el Impuesto de Sociedades de 2020 una cuota de 155.000 euros y por el impuesto de sociedades de 2021, una cuota de 195.951 euros".
Esgrimía que dichas conductas están tipificadas con "delitos penados en el artículo 305.1 del Código Penal en concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil, del artículo 392.1 en relación con el artículo 390 del Código Penal".
La Fiscalía investigó los hechos a raíz de un informe de la Agencia Tributaria que advertía de un presunto fraude fiscal al detectarse durante una investigación "unos gastos ficticios basados en facturas emitidas por diversas sociedades".
"Gastos que no se corresponden con servicios realmente prestados y todo ello con la finalidad de ingresar en el erario público menor cantidad de la que le correspondía abonar por el Impuesto de Sociedades de los Ejercicios 2020 y 2021", recoge la denuncia del fiscal.
Hace ya un año, la Fiscalía recibió de la de la Agencia Tributaria un informe referido a la entidad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente del que se deduce "determinados datos e indicios sobre hechos relativos al Impuesto Sobre Sociedades correspondiente a los ejercicios del año 2020 y 2021 que pudieran resultar constitutivos de delito".
El informe hablaba de dos delitos contra la Hacienda Pública al resultar "un fraude tributario cuantificado por la Inspección de Hacienda en cuantía superior a 120.000 euros y de un presunto delito de falsedad en documento mercantil al haberse aportado unas facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados y aportadas con la finalidad de minorar la cuota tributaria a satisfacer".