Pilar Alegría se queda en su cartera, la de Educación y Formación Profesional, pero además, según ha podido saber laSexta, asume las funciones correspondientes a Deportes en este nuevo Gobierno de coalición que arranca ahora con Pedro Sánchez al frente.
La zaragozana entró en el Ejecutivo en el año 2021, cuando Sánchez llevó a cabo una gran remodelación. Entonces también se estrenaron Isabel Rodríguez, Raquel Sánchez y Diana Morant. Todas ellas, al igual que Alegría, dejaron sus puestos locales y autonómicos para acudir a la llamada de Sánchez en Madrid. Aunque entonces ella ya ejercía un cargo bastante cercano al equipo que se incorporaba, pues era la delegada del Gobierno en Aragón. De hecho, previamente también ocupó el cargo allí de consejera de Innovación, Investigación y Universidad durante cinco años, hasta 2019.
En 2021 le sonó el teléfono para presidir esta rama, llamada Educación y Formación Profesional, y sustituir a Isabel Celaá, que llegó al Gobierno en junio de 2018 tras la moción de censura. Ella fue una de las caras más conocidas -y cuestionadas- del Gobierno de coalición, con una ley aprobada que lleva su nombre y que puso en pie de guerra a gran parte de la comunidad educativa. En este contexto, Alegría se convertía en la primera mujer aragonesa en formar parte del Consejo de Ministros.
Nacida a finales de los años 70 y madre de un hijo, Alegría estudió magisterio, en la especialidad de Educación Primaria, en la Universidad de Zaragoza. También tiene un Máster Universitario en Estudios Avanzados en Educación Social por la Universidad Complutense. En 2008, antes de ser consejera, fue diputada socialista por Zaragoza en el Congreso, hasta 2015, y miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE entre 2008 y 2012. Nueve años más tarde, en su llegada al Ejecutivo, se estrenó en el cargo apostando por "una FP y una educación inclusivas, equitativas y de la máxima calidad", como señaló ella misma en su primer tuit como ministra.
De la FP a la EBAU, los plazos de las leyes pendientes de Alegría
A su llegada al equipo de Sánchez en julio de 2021 tuvo tres cuestiones pendientes: la gestión de la escuela en pandemia, la aplicación de la Ley Celáa y una nueva Ley de la Formación Profesional. La segunda le sigue trayendo cola, a pesar de que recientemente ha reconocido que, comunidades como Navarra y Galicia, la están cumpliendo.
"Hay muchas comunidades autónomas de distinto signo político que, lógicamente, la están cumpliendo como, por ejemplo, la comunidad foral de Navarra, donde había una serie de colegios a los que se les retira el concierto o el caso del presidente Rueda, en Galicia, donde también han tomado la decisión de retirar la financiación", se pronunció sobre el caso de los colegios concertados que separan por sexo al alumnado.
Aún así, la Ley Celáa sigue provocando reacciones. La confederación de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza Intersindical (STEs-Intersindical) ha advertido de que genera "complicaciones" burocráticas y aleja a los profesores "de la propia actividad pedagógica".
En lo que sí se ha avanzado su cartera es en la de la FP. El pasado mes de julio se desarrolló completamente la ley que ordena el sistema de Formación Profesional y que permite la implantación de la norma aprobada en marzo de 2022 en su totalidad. Se trata de un Real decreto que entraba en vigor para el curso 2023-2024 y que será definitivo para el curso 2024-2025, según adelantó la ministra.
Incluía la ampliación de la oferta en más de 9.000 formaciones de muy diversas duraciones y tipologías, estructuradas en grados, desde las llamadas "microformaciones" (grado A), hasta los títulos de FP y los cursos de especialización o másteres de la Formación Profesional (grado D y E, respectivamente). Uno de sus objetivos es asegurar el carácter dual (enseñanza y empleo) a través de la formación en el centro y en la empresa por mayor tiempo.
Una de las medidas que sigue en el tintero, por convocatoria electoral del 23 de julio, es la aplicación de la nueva EBAU. El borrador de la orden ministerial fue presentado a estudiantes, familias, directores de instituto, comunidades autónomas y universidades a mediados de octubre. Pero ya el pasado mes de abril, Alegría adelantó que la nueva EBAU no será efectiva hasta dentro de cinco años, para que los alumnos que se presenten a los exámenes hayan cursado ya todo un ciclo completo con la reforma. "Un mínimo de cuatro o cinco años son importantes para ver el despliegue de la reforma", argumentó entonces. Los cuatro puede que los cumpla, pues Sánchez ha vuelto a apostar por ella para la próxima legislatura.