Tranquilos. Ese es el mensaje que trasladan a laSexta fuentes del entorno más cercano del Vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias. Aseguran que están tranquilos tras conocerse la petición del juez de la Audiencia Nacional para que el Supremo -dada su condición de aforado- le investigue por los delitos de revelación de secretos, daños informáticos y acusación o denuncia falsa y/o simulación delito en relación con el robo del móvil de su exasesora Dina Bouselham.

Creen estas fuentes, según informa Enrique Monrosi, que en el Supremo no prosperará la imputación y desde la formación morada ya hablan de nuevo ataque a la justicia.

Añaden desde Podemos que no dan crédito: "Hace unos días la Audiencia Nacional reclama a García Castellón que le devuelva la condición de perjudicado a Pablo Iglesias, y el juez responde pidiendo al Supremo que se le investigue".

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha sido la primera voz en pronunciarse desde el Gobierno. Confía la ministra en la inocencia del vicepresidente y ha descartado que existan motivos para que dimita. "Conozco muy bien a Pablo Iglesias y estoy muy tranquila y muy confiada en su inocencia. El tiempo, como siempre, hablará", ha señalado.

Se ha pronunciado en Twitter Pablo Echenique, asegurando que el juez se salta a la Audiencia y a la Fiscalía "porque contra Podemos vale todo".

En la misma línea se ha expresado Jaume Asens, que se ha preguntado si Iglesias debe ir al Supremo a plantear su imputación "sin consultar ni con la fiscalía, que es quien debe acusar".

Pide la imputación también para Gloria Elizo

Además, pide la imputación para Gloria Elizo, diputada de Podemos, que ha afirmado en Twitter no estar preocupada: "No pasa nada. Que se nos investigue. Nadie debe estar al margen de la ley".

La vicepresidenta tercera del Congreso ha afirmado que "no hay motivo para la preocupación". "Siempre hemos defendido a Podemos con convicción, profesionalidad y absoluto respeto a la legalidad. Hemos hecho frente a los ataques de las cloacas y hemos acusado a los corruptos en los casos de corrupción", afirma.

Por eso, ha continuado en la red social, su preocupación es realmente "que se vea desdibujada la tarea de los profesionales que asumen la investigación en una causa tan importante como Tándem, una causa donde aún se esconde la historia de corrupción de este país". "Tenemos quizá sólo esta oportunidad para poder conocer, juzgar y limpiar nuestra historia colectiva y dejar un país diferente a nuestras hijas e hijos. Y no, no va a ser fácil. Pero no dejemos que nos distraigan", ha espetado.

Los argumentos del magistrado

Según señala el titular del Juzgado central de Instrucción 6, Pablo Iglesias recibió, el 20 de enero de 2016, la tarjeta de memoria original mini SD procedente del teléfono de Dina Bouselham, en la que comprobó que almacenaba archivos personales y de carácter muy íntimo de aquella.

"Pese a ello se guardó la tarjeta en su poder, sin decírselo a su propietaria aun cuando ambos eran personas cercanas (ella había sido su asesora) y el conocimiento que tenía de la desaparición de los objetos de Dina desde noviembre de 2015", explica el auto.

El magistrado señala como otro punto significativo el hecho de que Pablo Iglesias devolviera a Dina la tarjeta que guardaba en su poder inoperativa y, advierte de que si bien no se ha podido determinar la fecha de la devolución, indica, en todo caso, que debió de ser antes del 23 de agosto de 2017. "Se sabe que cuando se devuelve la tarjeta está inservible para su funcionamiento".

El juez considera que los hechos que rodearon al robo del móvil "se incardinan en un delito de descubrimiento y revelación de secretos"

El juez, además, apunta que su personación en la pieza separada y su denuncia tenían una finalidad "estrictamente de oportunidad política". Y opina que la revelación de secretos con agravante de "razones de género".

Los hechos que rodearon al robo del móvil de la exasesora de Pablo Iglesias, según el juez "se incardinan en un delito de descubrimiento y revelación de secretos del artículo 197.2 del Código Penal que sanciona a quien, sin estar autorizado se apodera, utiliza o modifica en perjuicio de tercero, datos reservados de carácter personal o familiar de otro que se hallen registrados en ficheros o soportes informáticos, electrónicos o telemáticos. Además, el juez entiende que en este caso concreto concurre la agravante del art 22.4 del código Penal, porque "el hecho se habría cometido por razones de género".

Existen elementos de cargo suficientes para poder atribuir al sr. Iglesias por los daños sufridos por la micro tarjeta SD"

De lo actuado hasta el momento se desprende, según el juez, que Iglesias recibió la micro tarjeta de memoria en buen estado, que se la llevó y que durante un tiempo la tuvo en su poder; que no consta que la compartiera con nadie más; la misma tarjeta, añade el juez, es la que entregó a Dina Bousselham, que trató de recuperar los datos y que sigue sin funcionar.

El juez califica de "consciente y planificada actuación falsaria desplegada por el Sr. Iglesias con su personación, fingiendo ante la opinión pública y ante su electorado, haber sido víctima de un hecho que sabía inexistente, pocas semanas antes de unas elecciones generales".