A pesar de que ha sido suavizada, la ley Fernández no acaba de gustar al órgano de los jueces y el PP asume que tendrá que modificarla de nuevo. En palabras de Alfonso Alonso, portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, "habrá que limar el texto, pero el objetivo de la ley seguirá siendo el mismo".
El objetivo de esta legislación resulta difícil de alcanzar, ya que el Consejo General del Poder Judicial ha puesto patas arriba la ley. Lo ha hecho empezando por la posibilidad de detener a alguien por una simple infracción administrativa como llevar una pequeña cantidad de droga.
Según ha expresado Marcelino Sexmero, portavoz de la asociación de jueces Francisco de Vitoria, "la detención por una infracción administrativa sin abrir procedimiento sancionador resulta excesivo e incluso inconstitucional".
Lo mismo ocurre con la barra libre para cachear, los magistrados critican la redacción por incompleta e imprecisa, dejando la puerta abierta a los desnudos en la calle.
Otra cosa inadminible para los togados es la ampliación de los supuestos para disolver reuniones y las multas administrativas para sancionar escraches, "como los tribunales no han castigado esta conducta, el Gobierno busca una norma para sancionar administrativamente con multas de hasta 30.000 euros que puedan intimidar", afirma Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia.
Por último, también se critican las atribuciones que se quieren proporcionar a los vigilantes privados. Este borrador del CGPJ tiene que ser enriquecido por todos los vocales para su posterior votación en el plazo de un mes.