Según consta en el sumario, la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional remitió a finales de diciembre un oficio al Juzgado de Instrucción 2 de Madrid en el que también pide esta misma información sobre Francisco Nicolás Gómez Iglesias, dos policías municipales de Madrid y un guardia civil destinado en Casa Real que supuestamente colaboraban o tenían negocios con el joven.
En concreto solicita que se pida a la Administración Tributaria que facilite toda la información que tenga desde 2013 sobre el pequeño Nicolás, Emilio García Grande, los policías municipales Jorge G.H. y Felipe G.S. y el guardia civil Francisco Javier S.L.
El objetivo es acreditar fehacientemente todos los ingresos, trabajos, activos inmobiliarios, etcétera, y así comprobar que no se corresponde con el estatus y alto nivel de vida del pequeño Nicolás. La Policía también solicita que se pida a la Seguridad Social todos los datos desde 2013 sobre esas cinco personas "para así acreditar fehacientemente todos los trabajos y cargos que ha ostentado el investigado, tanto para la administración pública como para la empresa privada".
Pide asimismo que la Asociación Española de Banca Privada, Confederación Española de Cajas de Ahorro y la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito faciliten información sobre los cinco para "acreditar todas las cuentas bancarias que aparezcan a nombre del imputado, así como cualquier fondo de inversión o activo bancario que hayan tenido los investigados durante los años 2013 y 2014".
El motivo de estas peticiones es que, según se desprende de numerosos mensajes de WhatsApp incluidos en el sumario, el pequeño Nicolás mantiene conversaciones con los otros cuatro que pondrían de manifiesto "además de una relación muy cercana y personal entre los partícipes y el detenido, una evidente facilitación de numerosa información, de carácter reservada, a la que tendrían acceso por el puesto que ocupan".