El exconsejero madrileño Alfredo Prada ha negado este lunes en el juicio sobre su gestión de Campus de la Justicia que cometiera irregularidades en la adjudicación de contratos, asegurando que "no disponía de los fondos caprichosamente" y que no tuvo "ni la más mínima advertencia" de que incurriera en alguna.
Durante su declaración como acusado en la Audiencia Nacional, Prada ha indicado además que toda la contratación, "de personal y de todo tipo", "cumplió con los requisitos de concurrencia y publicidad", señalando que anunciaban las ofertas en páginas web, boletines oficiales, tablones de anuncio y medios de comunicación.
"Yo no firmé nada que no tenía que firmar y que no tuviera el visto bueno de la Secretaría General Técnica. Y quiero añadir una cosa que me parece importantísima: no tuve ni una nota, ni un mensaje, ni un correo, ni siquiera de viva voz, de la más mínima advertencia de que lo que yo estaba haciendo o yo estaba firmando incurría en la más mínima irregularidad. Ninguna", ha declarado.
En este sentido, el exconsejero de Justicia e Interior y exvicepresidente segundo de Esperanza Aguirre (PP) ha expresado que toda la contratación que llevaba su firma contaba con el informe previo de los servicios jurídicos si era obligatorio por la cuantía.
Respecto al contrato que se adjudicó al arquitecto Norman Foster para el diseño de edificios, ha expresado que se hizo conforme a la legalidad, es decir, con informe previo, negando que fuera a dedo.
"Si no, que alguien me explique cómo es posible que el contrato de Norman Foster, que firma la presidenta de la Comunidad de Madrid, no está previamente hablado y visto el informe jurídico y técnico. ¿Usted cree que una presidenta va a sentarse a firmar un contrato sin tener previamente eso aprobado", se ha preguntado, para remachar que el informe "existía": "Porque, además, yo lo vi".
Defiende al resto de acusados
Prada ha señalado que informaba de las contrataciones al consejo de administración de la sociedad pública y que firmaba las facturas porque era su "obligación", pero que la cuenta bancaria se abrió a nombre de Campus.
La Fiscalía pide 8 años de cárcel para Prada por presuntos delitos continuados de prevaricación y malversación y 6 años para los otros cinco acusados, que formaban parte del equipo directivo: Isabelino Baños (director general técnico), Mariano José Sanz (subdirector general técnico), Alicio de las Heras (director financiero), Félix García de Castro (letrado asesor externo) y Andrés Gómez Gordo (director del área de Seguridad).
Sobre quienes le acompañan en el banquillo de los acusados, Prada ha garantizado "su profesionalidad y buena fe", para añadir que eran muy cualificados en su terreno y grandes profesionales. "No tengo la más mínima duda de todos ellos", ha afirmado.
Necesidad objetiva del proyecto
Prada ha indicado que el proyecto era un mandato que recibió del Gobierno de la Comunidad de Madrid y que de la constitución de la empresa se encargó la Consejería de Hacienda, no la de Justicia e Interior que dirigía.
Además, ha indicado que existía plan de viabilidad y ha querido recordar la declaración de Aguirre como testigo en el juicio sobre "la necesidad, parecía que objetiva, de poner en marcha el proyecto".
Lo que se somete a juicio es una causa que se abrió en agosto de 2018 al admitir el juez instructor una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción tras un informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Madrid que arrojaba diversas irregularidades en Campus de la Justicia.
El proyecto, impulsado en 2005 por el Gobierno autonómico de Aguirre para reunir en un mismo espacio de Madrid las sedes judiciales regionales, finalmente resultó fallido, dado que no se terminó de construir y quedó abandonado, habiéndose gastado 355 millones de euros.
Sobre que solo se construyera el Instituto de Medicina Legal y una serie de túneles, cuando se habían previsto 14 edificios, Prada ha pedido que "no se minusvalore la urbanización como mínima": "Porque es una gran urbanización la que se ha realizado".