Las imputaciones a dos empresarios en el caso ERE por prevaricación y malversación de caudales públicos han sido levantadas por un auto de la Audiencia de Sevilla. Los empresarios habían sido acusados por la juez Mercedes Alaya tras pasar más de diez años de la concesión de las ayudas por las que habían sido imputados.
Las imputaciones se levantan tras aceptar el recurso que presentaron los dos empresarios, Juan Manuel Prieto, que recibió de la Junta de Andalucía una ayuda de 180.303 euros en 2002, y Luis García, que obtuvo de 270.455 euros en 2003 y 2004, según recoge un auto y adelantan 'Diario de Sevilla' y 'El País'.
La decisión de los magistrados de la sección séptima de la Audiencia, compañeros de Alaya desde que abandonó el juzgado de instrucción 6 en junio de 2015, afirma las advertencias que le habían hecho a la juez desde la Fiscalía en torno a las posibles prescripciones de delitos, los cuales podrían producirse con otra decena de casos.
La juez Alaya imputó a los dos empresarios junto a otras 32 personas el 6 de febrero de 2015 una vez que la Guardia Civil explicó, en un atestado de finales de 2014, lo ocurrido con las ayudas concedidas a los empresarios de la Sierra Norte de Sevilla, que fue la comarca más beneficiada por las ayudas de los ERE que se investigan.