El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras (PP), ha admitido esta martes que no le consta ninguna denuncia sobre adoctrinamiento en los centros educativos de la región y ha defendido como "incuestionable" la neutralidad ideológica de los maestros de la comunidad.
No obstante, López Miras ha asegurado, en una entrevista en la cadena Ser, su intención de mantener la "instrucción" dada por su Gobierno en agosto para que cualquier actividad ajena a los colegios sea autorizada por los padres, lo que Vox ha denominado pin parental.
Se trata de una medida que defenderá "ante quien sea", ha advertido el presidente murciano, que ha recalcado que no negociará la libertad y los derechos de los padres para elegir la educación de sus hijos. "Eso es innegociable", ha subrayado.
López Miras ha acusado al Gobierno de utilizar el veto parental, incluido en el acuerdo de presupuestos autonómicos suscrito con Vox, como "cortina de humo" para ocultar decisiones "graves", como su propuesta para nombrar fiscal general del Estado a la exministra de Justicia Dolores Delgado.
"Esto es para tapar el pin judicial de Sánchez", ha afirmado, y ha incidido en que el Ministerio de Educación conocía desde agosto esta "instrucción" que, según ha dicho, formaba parte del programa electoral del PP. De este modo, ha insistido en que no tiene nada que ver con el acuerdo con Vox, que "es prácticamente igual" al firmado en Andalucía y, sin embargo, "no se formó este revuelo".
Requerimiento del Ejecutivo de Sánchez
El Gobierno de Sánchez ha dado un mes de plazo al Gobierno de Murcia para "restaurar la legalidad" y retirar el "veto parental" antes de recurrir la medida en los tribunales de Justicia.
El Ejecutivo envió el viernes un requerimiento al Ejecutivo murciano para instarle a retirar una medida que constituye "una censura previa, que va incluso contra la libertad de cátedra". A día de hoy no hay respuesta a ese requerimiento y la ministra de Educación, Isabel Celaá, entiende que el plazo razonable para tomar medidas adicionales como la vía judicial es de un mes.
La ministra ha recordado además que fue la última reforma educativa, la llamada 'ley Wert', impulsada por el entonces Gobierno del PP, la que limitó la capacidad de decisión de los padres en los consejos escolares, y ha reprochado al presidente del PP, Pablo Casado, su "desconocimiento de cómo funciona el sistema educativo" en España.