La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha decidido suspender los permisos y las comunicaciones especiales, como los vis a vis y los encuentros familiares, en todas las cárceles, salvo en las de Canarias y Baleares, dada la elevada incidencia del coronavirus en casi todo el país.
Según ha informado este organismo, se ha remitido un escrito a todos los centros dependientes de la Administración General del Estado (todos memos los de Cataluña) con las nuevas medidas para evitar la expansión de la COVID entre la población reclusa, considerada colectivo de alto riesgo, y los trabajadores penitenciarios.
Un equipo de la Secretaría General monitoriza a diario la situación y, tras su última reunión, en la que se analizó el último documento del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) sobre la incidencia del coronavirus, ha decidido implantar una serie de medidas. Así, se suprimen las comunicaciones especiales de los internos, es decir, las familiares, íntimas y de convivencia.
También se restringen las comunicaciones ordinarias, por locutorio, al 50%, con dos comunicantes por interno como máximo. El horario se extenderá a todos los días de la semana, con obligación de desinfectar los locutorios después de cada turno de comunicación.
Se suspenden además los permisos de salida y las salidas programadas de los internos. Las medidas entran en vigor el lunes, se prolongarán tres semanas y afectan a todos los centros, salvo los de Canarias y Baleares, si bien en esta última comunidad autónoma la prisión de Mallorca mantiene también suspendidas las comunicaciones especiales.
En el caso del centro penitenciario de Ourense, a las medidas anteriores se suma además la suspensión de las comunicaciones ordinarias. No se levanta de momento, y mientras la situación no lo aconseje, el cierre total de los centros penitenciarios Madrid V, en Soto del Real, y León. En ellos, además de las medidas anteriores, se mantienen suspendidas las comunicaciones ordinarias y no se permite el acceso a prisión a toda aquella persona ajena a la administración cuya labor no sea imprescindible.
Todas estas decisiones, que se ponen en conocimiento de los juzgados de Vigilancia Penitenciaria, se enmarcan en el Plan de respuesta temprana en un escenario de control de la pandemia por COVID-19, acordado en el Consejo Interterritorial de Salud de 16 de julio de 2020.
Para paliar las restricciones, se ha aumentado el número de llamadas telefónicas a las que tienen derecho los internos y se ha potenciado el sistema de videollamadas. A partir del mes de diciembre, comenzará a funcionar en pruebas un sistema de cabinas para poder realizar las videollamadas. Estas cabinas permitirán además enviar mensajes de voz y el pago a cobro revertido. Se espera que a lo largo de 2021 el sistema de videocabinas esté implantado en todos los centros dependientes de la administración central.