La oposición en Madrid acusa a Ayuso de querer garantizarse un sueldo vitalicio de 8.500 euros. La presidenta de la Comunidad de Madrid reconoce que su Gobiernose dispone a retomar el estatuto de los expresidentes que Cristina Cifuentes ya intentó sacaradelante durante su presidencia, y desde la oposición la acusan de pretender ponerse un sueldo de por vida. Y aunque la presidenta lo niega, reconoce que sería lógico y asumible.
Lo cierto es que las condiciones cambian según la región.En laSexta lo hemos dividido en cuatro tipos de privilegiosque se diferencian en cuatro colores diferentes en el mapa que contiene el vídeo principal de esta noticia.
En verde, el País Vasco, Cataluña y Extremadura. Se trata de lo que tienen los mayores privilegios, como una paga vitalicia. Es el caso, por ejemplo,del expresident Quim Torrao el exlenhendakari Carlos Garaikoetxea. Por ejemplo, Artur Más es uno de los expresidentes que más sueldo cobra. Tiene una pensión unos 92.000 euros anuales o, lo que es lo mismo, 7.662 euros cada mes.
En amarillo, los que no tienen un sueldo de por vida pero que sí pueden entrar en los Consejos Consultivos ycobrar por ello hasta 70.000 euros al año.Es el caso de Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha y la Comunitat Valenciana. Hay quien se aprovecha de la situación y quien no. Hasta hace poco, por ejemplo, Francisco Camps, formaba parte de este consejo yllegaba a cobrar casi 60.000 euros al año.Mientras que en la Castilla la Macha, ningún expresidente ha utilizado este derecho.
En tercer lugar, en naranja, se sitúan los que tienen algunos beneficios como secretaria o coche oficial.Así, en Navarra o Andalucía, la contraprestación no es económica.
Por último, en rojo se sitúan los que no tienen ningún privilegio, como Murcia, La Rioja, Aragón, Cantabria o Asturias. Hasta ahora,Madrid también se encontraba en este grupo, pero Ayuso podría cambiarlo de forma inminente.
El PP justifica que Madrid es la única región de España junto con Cantabria que no cuenta con un texto que contempla la situación de los anteriores líderes del Ejecutivo. Para evitar esto,los populares han presentado una modificación de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, del Gobierno y Administración de la Comunidad. De este modo, el Consejo de Gobierno de la presidenta podrá regular lo que asumen como "vacío legal".