Los socios del Gobierno de coalición negocian nuevas medidas para hacer frente a la inflación de cara a la renovación por tres meses más del decreto de respuesta a la crisis por la guerra en Ucrania, aprobado el pasado marzo y que decae el próximo 30 de junio.
Desde la Vicepresidencia Segunda proponen, entre otras medidas, un cheque de 300 euros para las personas más golpeadas por la crisis, siguiendo el ejemplo de Francia, con el objetivo de proteger a las familias y su poder adquisitivo frente al alza de precios.
Asimismo, y ante la subida de los carburantes, apuestan por reducir el precio del transporte público mediante una rebaja del 50% en el abono transporte, así como establecer un mecanismo para graduar la bonificación de la gasolina y el gasóleo no profesional según el nivel de renta de los beneficiarios.
Entre las propuestas que negocian el PSOE y Unidas Podemos se incluye también una subida de 10 puntos en el impuesto de sociedades a las grandes empresas energéticas para, según la Vicepresidencia de Yolanda Díaz, recaudar entre 1.500 y 2.000 millones de euros.
Las fuentes consultadas inciden en la necesidad de "reforzar la protección" de la ciudadanía "frente a una crisis internacional", así como de "avanzar en medidas que potencien la transición energética". Ello, en un momento en queel IPC se sitúa en el 8,7%, según los últimos datos, y con el precio de la gasolina en cifras récord.
La propia vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo ha recogido estas propuestas en Twitter, donde ha apuntado que "las medidas excepcionales en un momento excepcional nos tienen que ayudar a llegar a ser la sociedad que queremos". "Un país que mire al futuro y recupere la esperanza avanzando en el día a día", ha remachado.
La negociación de estas medidas se conoce, además, un día después de que el PP lograra la mayoría absoluta en las elecciones de Andalucía. Unos comicios en los que los socialistas han perdido tres escaños y la izquierda alternativa, otros 10.