El expresident de la Generalitat Carles Puigdemont se ha pronunciado por primera vez tras la aprobación de la ley de amnistía este jueves en la Comisión de Justicia. Puigdemont ha asegurado que ahora "lo que corresponde es negociar pieza a pieza, no dar nada por aprobado y abordar todas las cuestiones, desde los presupuestos al reconocimiento nacional y el ejercicio del derecho a la autodeterminación".
Así lo ha afirmado en un mensaje de X en el que ha asegurado que "con la aprobación de la Ley de Amnistía en la comisión de Justicia del Congreso español, hoy se ha dado un paso muy importante para acabar con la represión contra el proceso de independencia". Un proceso, ha dicho, "legítimo, democrático, no-violento, que el Estado español combate de forma inaceptable e incompatible con el Estado de Derecho".
No obstante, ha insistido en que el independentismo tiene "todo el derecho a continuar el proceso de independencia, a hacer política y ejercer nuestros derechos sin ser violentados por las estructuras del Estado". "La represión fue una mala decisión, y hoy se ha empezado a revertir de una forma que los indultos no podían garantizar en modo alguno", ha espetado.
"Ésta era una de las condiciones para poder tener una relación con los partidos del Gobierno español sin la interferencia de la judicatura patriótica, y poder trabajar y avanzar en el marco que acordamos por la investidura", ha zanjado.
La ley de amnistía podría estar aprobada definitivamente a finales de mayo o principios de junio, en plena campaña de las elecciones europeas, ya que tras su aprobación este jueves en la Comisión de Justicia la norma será ratificada por el pleno de la Cámara Baja el próximo jueves, para iniciar luego su trámite de dos meses en el Senado.
Una vez que el dictamen de la ley sea aprobado previsiblemente por 178 diputados, la norma entrará en el Senado para iniciar un trámite que será largo, ya que como ha anunciado el PP -con mayoría en la Cámara Alta-, intentará frenarla por considerarla inconstitucional.
Y es que después de que la Mesa del Senado haya reformado el Reglamento de esta Cámara para decidir si aplica o no el procedimiento de urgencia en las proposiciones de ley con el fin, precisamente, de ralentizar la amnistía, la norma tendrá una tramitación ordinaria que, como mucho, puede dilatarse dos meses.