Así lo sostiene Puigdemont en la querella que ha interpuesto ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) en contra del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y el fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, por los delitos de prevaricación y usurpación de funciones públicas por sus resoluciones para impedir la votación del 1-O.
Según el presidente catalán, la Fiscalía asumió "plenamente" la investigación relativa al 1-O, que había sido suspendido por el Tribunal Constitucional, lo que supuso un "completo menosprecio" a la autoridad del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que ya había abierto una causa contra el Govern por los preparativos del referéndum.
El TSJC, que mantiene abierta una investigación contra el Govern por el 1-O, ordenó a los Mossos d'Esquadra que impidieran junto a la Policía Nacional y la Guardia Civil la celebración del referéndum y, una vez efectuada la votación, ha encargado un informe para detallar el grado de cumplimiento de sus órdenes por parte de cada cuerpo policial.
En su escrito, Puigdemont sostiene que la Fiscalía "no sólo asumió la investigación integral de los actos vinculados a la celebración del referéndum, sino que se arroga, además, la dirección técnica y operativa de la policía judicial, actuando como un auténtico 'Jefe de la Policía".
El presidente catalán recuerda que fue el Fiscal Superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, quien ordenó que la coordinación de los dispositivos de Mossos d'Esquadra, Policía Nacional y Guardia Civil recayera en el responsable del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, Diego Pérez de los Cobos, bajo su "dirección personal".
"Con esta decisión -remarca Puigdemont en la querella- la Fiscalía altera la dependencia orgánica de los miembros del cuerpo de Mossos d'Esquadra que realizan las funciones de policía judicial, adscribiéndolos a un órgano de la Administración del Estado que no forma parte de la cadena natural de los mandos del cuerpo, función para la que tampoco se halla legalmente habilitado". Por este motivo, el presidente catalán sostiene en su escrito que la Fiscalía no sólo invadió las competencias judiciales, sino las de las autoridades administrativas responsables de la seguridad ciudadana y del orden público, estableciendo, con todo lujo de detalles, los pormenores de la actuación policial".
En este sentido, lamenta la "desmesura" de algunas de las instrucciones fijadas por la Fiscalía, como que se impidiera la votación en un radio de seguridad de 100 metros de los colegios electorales, lo que contrasta, a su entender, con las directrices de alcance "más limitado" establecidas finalmente por el TSJC.
Puigdemont alerta sobre los "riesgos inherentes para la integridad física de las personas" que comportaba que las órdenes de la Fiscalía no incluyeran "advertencias de precaución ante un uso excesivo de la fuerza" por parte de los funcionarios policiales contra las personas. "En el momento de dictarse la orden (por parte de la Fiscalía) ya era perfectamente previsible que el cumplimiento de la misma podría llevar a un enfrentamiento con un amplio número de personas no sospechosas de haber cometido ni ir a cometer delito alguno", apunta.
El presidente catalán también denuncia que la Fiscalía citara a declarar como investigados a los alcaldes que firmaron una declaración de apoyo a la convocatoria del referéndum, ya que considera que no había base para emprender una "persecución penal ilimitada" contra todos aquellos que cooperaban en su celebración.