Es la última opción que contemplaMariano Rajoy para frenar el desafío independentista. Un mecanismo, sin precedentes, al que agarrarse: el artículo 155 de la Constitución.
"Establece que el Gobierno puede dictar órdenes de obligado cumplimiento a cualquier órgano o institución de la comunidad autónoma", explica Lucrecio Delgado, profesor de Derecho Constitucional.
Esto no implica la suspensión de la autonomía, dicen los expertos, aunque sí una intervención en todo lo que haga falta: incluida la disolución del Parlament o el mando de los Mossos d'Esquadra.
La facultad se otorgaría a Rajoy, aunque debe pasar por el Senado y aquí hay un 'pero'. "Las Cortes están ya disueltas. Solo está la Diputación Permanente, entonces no se puede reunir el Senado y aprobarlo por mayoría absoluta", explica la profesora de Derecho Constitucional María Acracia.
En todo caso, el Gobierno, maneja otra opción previa si el Parlament decide aprobar alguna declaración independentista. Ahí entra en juego la última reforma del Gobierno, que reforzó al Tribunal Constitucional dándole la capacidad de suspender a quien le desobedezca.
Si nada de esto funciona, a Rajoy le queda un as que aprobó hace solo un mes: la Ley de Seguridad Nacional. Permitiría al presidente asumir el poder total en Cataluña ante cualquier comportamiento contrario a la Constitución de Artur Mas y sus socios.